Programas de pensiones no contributivas en América Latina: Bolivia, México y Chile, los más solidarios

Mejorar los sistemas de pensiones es, por lejos, una de las demandas más transversales en América Latina. Y es que las proyecciones ya lo anticipan: el número de jubilados por vejez aumentará significativamente en la región en las próximas décadas, como consecuencia del acelerado envejecimiento de la población.

De hecho, las últimas estimaciones de la Cepal apuntan en esa línea. Los compromisos financieros para los 17 países latinoamericanos indican que el gasto público en pensiones crecería de 4,2% a 5,7% del PIB entre 2017 y 2030, considerando factores como los potenciales avances en los programas no contributivos y la línea de la pobreza.

En este contexto, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) levantó un estudio en el que se analiza el comportamiento de los sistemas de pensiones no contributivos en el continente, reflejando los avances de algunos países y los desafíos de otros.

Según se desprende del análisis al que tuvo acceso DFSUD.com, Bolivia y México son los dos mercados con mayor solidaridad en sus sistemas, dado que ambos ofrecen cobertura al 100% de la población de 65 años o más. Más atrás se ubica Chile, que, de la mano de la Pensión Garantizada Universal (PGU) logró cubrir al 70% de las personas en edad de retiro.

En el resto de las naciones, dijo la FIAP, la cobertura es limitada y fluctúa entre 3,5% y 37,8%. El Salvador (6,5%), Perú (19%) y Colombia (37,8%) son parte de los que menos aportan al pilar solidario. Aunque Uruguay y Costa Rica también se incluyen en la lista, con 3,5% y 15% de cobertura respectivamente, el punto en común de esos territorios está en que entregan jubilaciones no contributivas superiores al 100% a quienes están en la línea de la pobreza (213% en el caso del primero y 104% para el segundo).

Con este telón de fondo, la FIAP insistió en la necesidad de fortalecer los sistemas en la región con el fin de reducir los niveles de pobreza en la vejez y asegurar a los ciudadanos un nivel mínimo de ingresos cuando cumplen una cierta edad y han perdido su capacidad de trabajo. “Sin embargo, este tipo de programas pueden tener altos costos fiscales y distorsionar los mercados laborales si los beneficios son muy elevados o si su diseño contiene elementos que desincentivan la cotización y la participación laboral'', señaló Guillermo Arthur, presidente del gremio.

De hecho, el gasto público estimado en las pensiones no contributivas fluctúa entre 0,1% y 1,8% del PIB, consignó el organismo. El mayor porcentaje se observa en Chile, que aumentó significativamente el monto en los últimos tres años y amplió el universo de personas que tienen derecho a ella. En el otro extremo están Colombia, El Salvador y Perú, con un gasto equivalente a entre 0,1% y 0,2% del Producto.

En Costa Rica y Uruguay, los fondos provienen, al menos en parte, de cotizaciones individuales.

Capacidad de mejora

Por esa razón, Arthur estimó que “para fortalecer estos programas es crucial asegurar la sostenibilidad de sus beneficios en el tiempo y que el diseño de estos no desincentive los aportes”.

Allí es donde justamente la FIAP es categórica al señalar que en América Latina no están dadas las condiciones para que las jubilaciones sean de calidad. De hecho, indicó que el otorgamiento de las pensiones no contributivas en la región está desincentivando los aportes a los programas de cotización individuales.

Por ejemplo, en Perú, la obtención de una pensión contributiva hace perder el derecho a recibir la solidaria. En Bolivia, El Salvador y Chile, existe un impuesto implícito, porque la recepción de una pensión contributiva implica la reducción de los beneficios individuales para todos o algunos grupos de pensionados.

En Colombia, Costa Rica y República Dominicana, la obtención de una gratificación efectivamente cotizada podría también afectar el derecho de acceder al pilar no contributivo, en caso de que -de acuerdo con los instrumentos de evaluación socio económicos existentes- la persona logre tener recursos para subsistir y demuestre una situación económica más favorable.

Finalmente, en Uruguay la obtención de ingresos personales reduce la pensión no contributiva y, además, se aplican topes a las entradas personales y de los familiares para percibir el beneficio.

Por tal motivo, el organismo concluyó que “la introducción y fortalecimiento de los sistemas de pensiones de capitalización individual en sustitución de los sistemas de reparto, contribuye en el mediano y largo plazo al financiamiento de las pensiones no contributivas, porque se liberan recursos que antes estaban destinados a cubrir los déficits de los sistemas de reparto, los cuales pueden ser utilizados para el financiamiento de otros programas sociales”.