Flybondi presenta una demanda por "ilegitimidad" de multa impuesta por la Provincia de Buenos Aires

La línea aérea de bajo costo Flybondi demandará a la Provincia de Buenos Aires. La empresa alegó que la multa de 300 millones de pesos argentinos (US$ 282.980) que el gobierno provincial realizó a fines de enero como consecuencia de cancelaciones y suspensiones de vuelos es "ilegítima" y solicitará que se declare la nulidad de la sanción.

Flybondi aseguró que, para poder iniciar esta demanda, "fue obligada a pagar la multa".  

Esto, indicó la empresa en un comunicado, "resulta incompatible con el principio de inocencia, en tanto obliga al supuesto infractor a cumplir con la sanción antes de que esta hubiera sido confirmada por sentencia firme. Flybondi sostiene que exigir el pago de una multa inusitada y desproporcionada afecta garantías constitucionales que aseguran la defensa en juicio".

Sucedió que, a fines de enero, el gobierno que dirige Axel Kicillof, a través de su subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dispuso la sanción a la aerolínea "tras haber detectado una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de las y los consumidores bonaerenses".

En tanto, la empresa, que ya había solicitado la intervención de ANAC (el organismo regulador de la actividad aerocomercial en la Argentina) el mismo día que se conoció la sanción, alegó que "la Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica". 

Expuso, en esta línea, que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires "se manifestaron en este sentido en fallos recientes".

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Además, explicó que el gobierno provincial no realizó una imputación "precisa y concreta", es decir que no especificó cuál era la infracción cometida, a la vez que no notificó la totalidad de los reclamos, ni tampoco se probó la veracidad y procedencia de aquellas denuncias. Por el contrario, Flybondi aseguró que "la Dirección realizó una imputación genérica y abstracta".

Como parte de la demanda de ilegitimidad, Flybondi solicitó su absolución respecto de las "presuntas infracciones por las cuales se la sancionó".

A su vez, indicó que la Dirección Provincial desconoce la aplicación de la propia legislación vigente, a la vez que resaltó que la industria aeronáutica local se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad aeronáutica de aplicación y, por ende, de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). 

Fue a fines de enero cuando el Ministerio de Producción bonaerense informó a través de un comunicado que "la aerolínea fue sancionada tras confirmarse sus infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, a partir de 2.400 reclamos y denuncias realizadas por usuarios de la provincia de Buenos Aires".

Sin embargo, esta última no fue la única advertencia que recibió la aérea de bajo costo. En noviembre del año pasado la Secretaría de Transporte encabezada por Franco Mogetta le envió una intimación para que, en un plazo no mayor a 48 horas, presente un plan detallado para mejorar la prestación de su servicio, gravemente afectado en noviembre por la poca disponibilidad de aeronaves.

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El plan, según consignó la Secretaría de Transporte en un comunicado, debía contemplar una reducción significativa de las cancelaciones, así como también "la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros".

Es que, solo en noviembre, de los 1.991 vuelos que operó la empresa, unos 384 sufrieron cancelaciones. Esto representa el 20% del total de las operaciones aéreas que realizó la compañía. Además, se estima que más de 700 vuelos fueron reprogramados.

La aérea, no obstante, presentó el plan que le solicitó el Gobierno y, así, evitó la sanción económica que, trascendió, sería de $ 200 millones de pesos argentinos (US$ 188.653), a lo que se le sumaría la quita de rutas y la suspensión de su matrícula.

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