Perú: Indecopi ordena a municipalidad eliminar restricciones en trámites de construcción
Aunque la resolución del regulador de la competencia se enfocó en el municipio de San Isidro (en Lima), los analistas dicen que las otras municipalidad deben de tener en cuenta el criterio establecido.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha emitido una resolución en la que ordena a la Municipalidad de San Isidro eliminar barreras burocráticas impuestas en la tramitación de proyectos inmobiliarios. La decisión surge a raíz de una denuncia presentada por una empresa por rechazo de solicitudes de licencias y anteproyectos de construcción “sin base legal”, y suspendía procedimientos relacionados con viviendas de interés social.
El caso comenzó cuando una empresa inmobiliaria denunció a la municipalidad por imponer restricciones a la presentación de solicitudes de licencias y anteproyectos. De hecho, se argumentó, se rechazaban las solicitudes si estas no cumplían con ciertos requisitos desde el inicio, lo que según la empresa, violaba las normas que regulan los procedimientos administrativos.
Además, se agregó en la denuncia, la municipalidad había suspendido varios trámites relacionados con viviendas de interés social, alegando que estos estaban pendientes de decisiones judiciales o del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
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Tras revisar la denuncia, Indecopi determinó que ambas acciones constituían barreras burocráticas ilegales. Según el análisis de la entidad, la ley obliga a las entidades públicas a recibir todas las solicitudes de los administrados sin evaluarlas previamente.
Esto significa que la municipalidad debía aceptar las solicitudes, incluso si estas no cumplían inicialmente con todos los requisitos, y permitir que los administrados corrigieran cualquier error. Además, Indecopi concluyó que la municipalidad no tenía la autoridad para suspender trámites sin una base legal o mandato judicial que lo justificara.
Como resultado, se ordenó a la municipalidad eliminar las barreras impuestas y reanudar los procedimientos administrativos.
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