Perú demandará más de 2 millones de viviendas en los próximos 20 años: ¿qué debe hacer el Estado para cubrir la brecha?
El crecimiento demográfico, y especialmente en ciudades ubicadas al interior del país, ponen en evidencia uno de los grandes desafíos para el próximo Gobierno.
El mercado inmobiliario peruano ha enfrentado varios desafíos en los últimos años, que han limitado su crecimiento y desarrollo. La inestabilidad política, la recesión económica global y las trabas que muchas empresas han atravesado para poder desarrollar viviendas de interés social han afectado significativamente a este sector.
El país, de 34 millones de habitantes, se encamina a un alza de su población en los próximos 20 años, traduciéndose en una mayor demanda habitacional que, según cifras de la Cámara Peruana de la Construcción, superará los 2,2 millones de nuevas unidades al final del periodo.
Actualmente, los datos oficiales apuntan a que existe un déficit de 520 mil viviendas, pero a ello se suman también aquellas edificaciones que son de baja calidad en términos de materiales, de tamaño y con ausencia de servicios básicos, que bordearía el 1,3 millón de unidades, según reveló el director ejecutivo de la institución, Guido Valdivia, en conversación con DFSUD.
Y advirtió que la cifra podría incluso aumentar, porque no se estaría considerando la migración, sobre todo desde Venezuela. “En el Perú se estima que más de 1,5 millones de venezolanos se han radicado y, en el peor de los casos, podría implicar una demanda de 500 mil viviendas adicionales”, comentó.
Para el año en curso, el Gobierno liderado por Dina Boluarte espera entregar 65 mil unidades habitacionales mediante los programas Mivivienda y Techo Propio. Si bien Capeco espera que esto se logre, el organismo apuntó que ya en 2023 se vivió un declive en la construcción por “falta de recursos; es decir, no se asignó lo suficiente para los subsidios; un retraso en la definición de los valores de los subsidios y de los precios de las viviendas; y, por un problema que hubo con las municipalidades, sobre todo en los distritos de sectores medios y medios altos que no aceptan la oferta de vivienda social en sus circunscripciones”.
Viviendas informales e ilegales
En Perú, la vivienda social suele ser financiada con recursos del Estado, especialmente a través de dos programas.
Por un lado, el Fondo Mivivienda otorga créditos a través de los bancos, asumiendo un riesgo compartido del no pago y también otorga subsidios. Por el otro, Techo Propio, aunque es un programa similar, busca garantizar cuotas mensuales verdaderamente asequibles para las familias de bajos ingresos.
La piedra de tope está más que todo en el interior del país, según comentó Valdivia, donde los programas se copan rápidamente y, además, los demandantes se ven enfrentados a la escasez hídrica para el desarrollo de los inmuebles.
Ello ha derivado en que, en los últimos años, hayan proliferado las estructuras informales y las ilegales.
Las primeras corresponden a aquellas de autoconstrucción. “En Lima estimamos que un 67% de las viviendas construidas en los 14 años previos a 2021 fueron desarrolladas de manera informal; es decir, sin obtener una licencia, sin presencia profesional, sin tener garantía de la calidad de los materiales y, en términos legales, sin que se acredite la existencia de la vivienda”, detalló el experto.
A su juicio, la informalidad hay que combatirla y una de las propuestas es hacerlo a través del otorgamiento de créditos a las empresas, como ocurre en Chile y México, y no con subsidios directos -como es la política actual- ni demoliendo lo ya existente.
“Nosotros postulamos a que en un plazo corto, unos cinco años, podamos pasar de 60 mil viviendas sociales a 200 mil”, señaló.
Respecto de las construcciones ilegales, propuso que “el Estado sea quien pone el suelo no habitado de su propiedad, para que las comunidades campesinas puedan funcionar en un mercado formal de tierra”.
“Si el Estado destinara recursos también para la vivienda formal, a la larga esos recursos se van a ahorrar o se van a utilizar mejor”, agregó.
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Empresas que operan
El mercado de viviendas sociales en Perú es tan atractivo que actualmente existen 700 compañías que están desarrollando proyectos en el país, pero solo 70 concentran de manera sustantiva la oferta, como es el caso de Besco, Enaco, exGraña y Montero (Aenza), Los Portales, entre otras.
“En el país existe una competencia muy fuerte y, aunque no hay un líder en el mercado, sí hay algunas empresas que concentran una parte importante de los proyectos, pero ninguna superaría el 7% u 8% del total de la producción”, enfatizó.
Eso sin contar la presencia de firmas extranjeras de Chile, Colombia y México. “Últimamente también han venido uruguayas, españolas y tenemos hasta empresas chinas. Aquí hay un mercado muy competitivo que, en mi opinión, es muy bueno porque para que haya siempre una adaptación a la creciente demanda necesitamos una oferta muy dinámica y muy diversificada”, indicó el ejecutivo.
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