Ley de minería ilegal en Perú solo ha regulado al 2% de los informales en casi una década

La minería ilegal se ha convertido en la economía criminal más rentable de Perú. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora V&C Analistas, al año se generan pérdidas por más de US$ 6.000 millones (2,5% del PIB).

Las zonas más afectadas por esta actividad ilícita son las más cercanas a la Amazonía, como el departamento de Loreto o Madre de Dios, una situación que se repite entre los países de Sudamérica cuyos mineros ilegales concentran las operaciones en la selva.

Uno de los motivos del porqué ha sido tan lucrativo este negocio, tiene que ver con el precio del oro que ha ido al alza en las últimas décadas. 

“En el año 2003 la onza de oro costaba US$ 364. En 2012, cuando sale la primera norma donde se plantea la formalización de los informales o ilegales, la onza había subido a US$ 1.668. Desde 2017 hasta 2023, el valor ha ido en aumento, llegando a US$ 1.943”, señaló a DFSUD la directora de la consultora Videnza, Paola Bustamante Suárez.

En la industria local, no solo ven el alza del oro como un incentivo, sino que también han empezado a advertir que lo mismo podría ocurrir también con el cobre, lo que terminaría por impactar a su vez a Chile. 

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Intentos de formalización

El primer marco normativo que abordó la pequeña minería y la minería artesanal en Perú se estableció en 2002. Sin embargo, no fue hasta 2012 que se inició un proceso de formalización para quienes operaban sin autorización.

Entre 2012 y 2017, se implementó el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, y se introdujo el concepto de “minería informal”, para todos aquellos que, aunque operaban ilegalmente, deseaban formalizarse. 

Así, se les otorgó un plazo para cumplir con los requisitos, pero dicho proceso inicial no tuvo los resultados esperados. Entonces, se decidió extenderlo por tres años más.

Finalmente, en 2017 se aprobó la ley que rige actualmente: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Esa norma recogió toda la información de las regulaciones anteriores y siguió con el proceso. “Lo que el texto dice es: ‘vamos a flexibilizar, vamos a hacer un proceso más fácilmente, cumplible si se permite el ingreso de las personas naturales’”, explicó Bustamante.

Desde entonces, los plazos del registro se han ido alargando periódicamente durante años y se tiene previsto que este mes se dé por cerrado.

“Se han dado alrededor de 90.000 registros en la historia de la formalización y no son más de 2.100 los que se han formalizado en toda la historia. O sea, de todo el proceso se formalizó solo el 2%”, explicó la ejecutiva.

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Evaluación del Reinfo

Esa imposibilidad de abarcar más ha desatado críticas contra el Reinfo, por su incapacidad para garantizar el cumplimiento de las normativas y por la falta de supervisión efectiva. 

Según datos recientes, hay 66.115 mineros que están en estado de suspensión; es decir, que no cumplen con los requisitos para operar. 

Sin embargo, la mayoría sigue activa ante la falta de supervisión y control. “Cuando se suspende un registro, no se puede seguir operando, pero no hay capacidad de fiscalización (...) Es altamente probable que sigan funcionando”, explicó Bustamante.

De hecho, la experta aseguró que hay quienes utilizan el Reinfo como salvoconducto, con ubicaciones de georreferenciación en Brasil y en el mar, “donde no se hace minería”. 

“Entre el mar y Brasil hay varias decenas de personas que no han tenido ninguna supervisión en todo este tiempo y han seguido con su pase, como salvoconducto”, dijo.

Otro obstáculo importante es la exigencia de que los mineros firmen contratos con los titulares de concesiones privadas para operar en terrenos autorizados. Sin este documento, no pueden avanzar en el proceso de formalización.

Actualmente, quienes se encargan de fiscalizar y llevar a cabo el proceso de formalización son los gobiernos regionales, mientras que el Ejecutivo está a cargo del registro del Reinfo. 

“Los distintos gobiernos en nuestro país no han querido hacerse cargo de liderar el proceso de formalización. Lo han pasado a los gobiernos regionales, lo que ha obstaculizado el tener una rectoría del proceso de formalización; cada administración local lo ha manejado como le ha parecido, ha podido o ha querido”, explicó Bustamante.

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Acciones del Ejecutivo

El Congreso aprobó recientemente una extensión del Reinfo por seis meses, pero la responsabilidad de la formalización pasará al Ejecutivo en julio de 2025. 

En la industria se espera que el nuevo Gobierno implemente medidas más drásticas para abordar la minería ilegal y lograr una formalización efectiva. 

“No se ha logrado separar a los informales que quieren formalizarse de los ilegales. Pero si el Gobierno se pone fuerte y tiene clara la figura de cómo manejar este proceso de los seis meses, podríamos esperar medidas drásticas que empiecen a organizar la industria”, señaló la directora de Videnza.