Los riesgos que enfrenta Repsol a un mes del derrame de petróleo más grande del que se tenga registro en Perú

Dicen que fue un movimiento repentino, no esperado, el que provocó que el buque Mare Doricum rompiera una tubería mientras descargaba litros y litros de petróleo para Repsol en Perú. El accidente del 15 enero se está transformando en uno de los episodios medioambientales más lamentables que se tenga en ese país y puso el foco en el rol de la firma española.

En el marco de la entrega de sus resultados, Repsol detalló que ascendieron al equivalente a 10.300 los barriles derramados y que ya completaron casi el 70% de las labores de limpieza de las playas. Aunque ese trabajo estaría por terminar, todavía quedaba al menos un mes más para otras zonas más profundas, detallaron.

Pero la empresa se enfrentará a un panorama legal complejo a raíz del accidente. De acuerdo con la abogada asociada del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez, Ana Angulo Carvallo, son tres las aristas a las que deberá hacer frente la petrolera y que tienen relación con su responsabilidad como titular de la refinería La Pampilla: una administrativa, otra en la justicia penal y otra en la civil.

“Por un lado está para el tema de la responsabilidad respecto del titular de la actividad de hidrocarburos que en este caso de la empresa de Refinería La Pampilla, que es parte de Grupo Repsol, y que está habilitado para tener esta actividad”, apuntó, señalando que la primera responsabilidad es la administrativa, “que tiene que ver con una serie de regulaciones que se imponen a través de ciertos organismos".

En este plano, Osinergmin es el organismo que fiscaliza las normativas técnicas y de seguridad en las instalaciones, el que pocos días después del evento suspendió las actividades en el terminal.

Pero también está la OEFA, cuya competencia está dirigida a velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, y que hace unos días hizo noticia por cursar la primera multa, por incumplimiento de la primera medida ordenada tras el accidente, relacionada a la identificación de las zonas afectadas tras el derrame de crudo.

Finalmente está la Dicapi, cuya fiscalización tiene relación con todas las actividades e infraestructura en el mar.

De acuerdo con la especialista, este es el “gran marco” de responsabilidades que se generan a través de procedimientos sancionadores. Por lo que cómo evolucionen las acciones de estos organismos, determinarán la situación de la operación local de la española. 

Lo que arriesga Repsol

Pero sin duda será la arista penal la que generará más atención. Esto porque la normativa tiene tipificado el delito por impacto y contaminación al medioambiente y esa responsabilidad está dirigida a los directivos, quienes arriesgan un rango de penas que van desde cuatro a siete años de presidio.

En tanto, en la vía civil, Repsol debería pagar indemnizaciones a la población afectada por los daños emergentes, lucro cesante, entre otros. Todo esto por la vía del poder judicial.

Durante este tiempo, el fiscalizador medioambiental de ese país ha impuesto diversas medidas preventivas que ha debido asumir Repsol. A raíz de estos incumplimientos, la OEFA incluso ha impuesto tres multas por unos US$ 370.000 en total -a las que no se puede apelar-, e inició otros tres procesos administrativos sancionadores que podrían derivar en sanciones por US$ 14,3 millones en total (correspondientes a 12.000 UIT).

Además, el organismo puede aplicar multas coercitivas, a las cuales no se puede apelar y el incumplimiento de ellas obliga a la OEFA a aplicar un procedimiento sancionador.

Según la experta, el organismo iniciará un proceso por incumplimientos vinculados a la falta de idoneidad en la aplicación de su plan de contingencias y otros incumplimientos vinculados a este, por lo que podría darse el escenario donde se apliquen multas máximas de 30.000 UIT (unos US$ 37 millones), sin embargo “hay interpretaciones jurídicas que en materia ambiental la multa podría exceder el tope pero de ninguna manera puede ser superior al 10% del ingreso bruto anual de Repsol de año 2021".

La presidenta de OEFA, Miriam Alegría, alertó que solo en una de las multas a Repsol se podría llegar hasta unos US$ 81,45 millones. Sin embargo, estas son sólo interpretaciones porque mientras la compañía esté en medio de un proceso sancionador, no hay nada determinado.

“Esa proyección puede ser más. La ley dice que la multa no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto de la compañía del año anterior, porque no es confiscatoria, no la puede sacar del mercado”, ahondó la experta.

Además de estas multas, Repsol arriesga otro US$ 1,3 millones en sanción económica, si el Osinergmin determina que hubo incumplimiento a la norma técnica, mientras que Dicapi podría sumar otro US$ 1,2 millones.

Sin embargo, todas estas multas podrían ser menores respecto de posibles medidas que se ordenen para aplicar medidas correctivas y de remediación, las cuales no tienen tope. Si la justicia lo determina, la empresa está obligada a utilizar todos los mecanismos para volver a habilitar los espacios afectados al nivel previo al desastre y en su defecto, ejercer compensaciones. 

Los desastres más graves en Perú

Sin duda, este es el mayor desastre medioambiental en Perú y a pesar de que Repsol puede argumentar que el responsable es el buque petrolero Mare Doricum, es la española la titular de la refinería, por lo que el gobierno local ha apuntado hacia ella. 

Durante los últimos años hubo varios desastres que han marcado la historia del país. En 2020, un camión cisterna transportaba GLP (Gas Licuado de Petróleo) en Villa El Salvador, el cual explotó y dejó como consecuencia 34 personas fallecidas. El caso fue archivado. 

En tanto, durante 2013, la petrolera Pluspetrol contaminó e hizo desaparecer la laguna Snashococha en Loreto. La OEFA la multó con US$ 5,37 millones.

A estos desastres se deben añadir los reiterados derrames de petroleros que suceden en la amazonía peruana: se contabilizan más de 470 en los últimos 20 años, siendo el 65% de estos derrames debido a la corrosión de los ductos y fallas operativas.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estos desastres dejaron serios impactos ambientales en la Amazonía Norte.

El Estado y sus organismos son robustos frente a hechos como el desastre de en la Refinería La Pampilla, dice Ana Angulo. De todos modos, se estima que los juicios que determinarán las responsabilidades pueden tomar entre cuatro y cinco años. 

“Tenemos los organismos con las competencias específicas, entre ellas hay ciertas falencias que se pueden mejorar, pero sí cuentan con las herramientas para enfrentar estas situaciones”, recalca la abogada del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez.