Zafranal y Pampa de Pongo: los proyectos clave en la agenda minera de Perú hacia 2026

La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una serie de proyectos e inversiones en diversos sectores para su último año de gestión. En un discurso ante al Congreso, que duró más de cuatro horas, la mandataria destacó su apuesta y confianza “en las inversiones mineras que respetan el diálogo con las comunidades, conservan el ambiente y trabajan con estándares técnicos y legales de primer nivel”. 

Entre los anuncios, afirmó que hay 61 proyectos registrados en el Ministerio de Energía y Minas, con una inversión conjunta estimada en US$ 65.000 millones. 

Y agregó que actualmente se evalúan otras 134 autorizaciones de inversión en exploración y explotación, con montos estimados en más de US$ 6.000 millones. 

El impacto del chocolate Dubái y las cadenas argentinas Lucciano’s y El Topo

Los proyectos de 2026

Boluarte adelantó que durante su último año de Gobierno comenzará la construcción de dos megaproyectos que estaban previstos para comenzar en 2025. Uno de ellos es Zafranal, un yacimiento a cielo abierto de cobre y oro, en el que la minera canadiense Teck tiene el 80% de participación y la japonesa Mitsubishi Materials el otro 20%. 

Ubicado en Arequipa, se espera que tenga una producción del metal rojo de 128 mil toneladas anuales durante los primeros cinco años y un promedio de 76 mil toneladas anualmente durante sus 19 años de vida útil.

En detalle, se prevé la extracción de 441 millones de toneladas de mineral de sulfuros y 502 millones de toneladas de desmonte de roca, mientras que el procesamiento del mineral se hará en una planta concentradora, con una capacidad de hasta 80.000 toneladas al día. 

Se estima una inversión total de  US$ 1.263 millones. En abril de este año, la compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), su primer informe técnico, donde se hicieron modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental Detallado aprobado en 2023, con el objetivo de mejorar el rendimiento de las operaciones y reducir el efecto en el medio ambiente. 

El otro proyecto mencionado por la mandataria es Pampa de Pongo de la firma china Jinzhao Mining, ubicado en la provincia de Caravelí. 

Este es un yacimiento de hierro del que se espera una producción de 22,5 millones de toneladas por año, con una vida útil de 21 años y siete años de cierre planificado. Actualmente se encuentra en proceso de modificación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). 

La inversión se estima en unos US$ 1.799 millones, con US$ 925 millones destinados a la construcción, US$ 856 millones a la operación y US$ 18 millones al cierre. 

Sobre la generación de empleo, se prevé la contratación de 750 trabajadores directos durante la etapa de construcción y más de 1.500 adicionales directos en su fase operativa, programada para iniciar en 2028. 

Cencosud vende su negocio de estaciones de servicio en Colombia a Distracom, una distribuidora local

Minería ilegal y otras iniciativas

Frente al avance de la minería ilegal, uno de los temas más complejos para el país, la mandataria aseguró tener tolerancia cero. “Nuestro Gobierno aprobó la nueva estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en 2030”, expresó. 

Esa herramienta, articulada entre 16 entidades estatales, tiene un enfoque especial contra delitos como trata de personas, sicariato, extorsión y lavado de activos. 

Según la jefa de Estado, en Pataz, foco de esta actividad ilícita y donde ocurrió una matanza de 13 personas en mayo, se han desarrollado más de 1.140 patrullajes en acciones de control territorial, intervención e interdicción. Además, se conformó un comando unificado integrado por personal militar y policial, con el apoyo de otras entidades, para realizar continuamente acciones de control, bajo un modelo que se replicará en otras regiones. 

“Al año 2026 se intensificarán las operaciones de inteligencia contra redes criminales y se continuará con intervenciones focalizadas, sentando las bases para una presencia estatal sostenida en los territorios más afectados”, enfatizó Boluarte. 

Sumado a lo anterior, en el país hay más de 2.500 unidades formales de producción minera en actividad que se están organizando para constituir un fondo minero privado que les permitirá “acceder a mejores bienes y servicios financieros, comerciales, técnicos y laborales”.  

Según la mandataria, este tipo de minería tendrá a fines de año la capacidad de dar empleo directo a más de 300.000 trabajadores, y de generar ventas anuales superiores a los US$ 5.000 millones.