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Gobierno colombiano anuncia cancelación de megaproyecto de autopista Ruta Caribe 2 y Contraloría exige explicaciones

La concesionaria calificó la decisión como “un hito negativo" para el sector de infraestructura colombiano y la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que se está "lesionando la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros”.

Por Déborah Donoso Moya / Foto: Pulzo I Publicado: Miércoles 28 de febrero de 2024 I 13:30
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Una década lleva el proyecto de infraestructura Ruta Caribe 2 tratando de ver la luz en Colombia. Sin embargo, la autopista ahora podría nunca concretarse, ya que el gobierno del Presidente Gustavo Petro anunicó su "inminente" liquidación, lo cual generó diversas reacciones de la industria.

El ministro de Transporte, William Camargo, afirmó que debido al déficit de recursos que esta teniendo la concesión vial Autopistas del Caribe, el megaproyecto ya no es viable. “La concesión bajo el esquema que se había previsto ya no es viable, porque no tiene recursos que garanticen la construcción, operación y mantenimiento de los kilómetros que inicialmente tenia como alcance”, explicó el jefe de cartera.

Cabe recordar que la megaobra vio complicado su estado financiero a raíz de la suspensión del cobro en uno de sus peajes por problemas con las comunidades.

Al respecto, Camargo apuntó que "por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, la situación nos esta llevando a que la concesión empiece a tener un déficit de recursos que la esta haciendo inviable”.

De manera inmediata, la Concesión Autopistas del Caribe respondió que la decisión es un hito negativo para el futuro del sector de infraestructura colombiano”.

Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que aclare las palabras del ministro, porque de ser efectivo "estaría lesionando la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y así mismo se generaría inseguridad jurídica”.

En el mismo sentido, el contralor general de la República, Luis Fernando Mejía, pidió explicaciones a la ANI sobre la liquidación y que incluya un informe con los antecedentes, los análisis y evaluaciones que realizó para concluir que la opción más beneficiosa para la nación y las comunidades “es la de terminar anticipadamente este contrato de concesión”.

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Respuesta de la ANI

Al respecto, la ANI emitió un comunicado afirmando que "tras 10 mesas de trabajo con el concesionario, en los que la ANI ha demostrado su voluntad e interés en el análisis de 6 escenarios propuestos, no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo que este no cuenta con viabilidad financiera".

Así, durante la ejecución del contrato, "no ha sido posible implementar la estructura tarifaria sobre la cual se diseñó el proyecto, dado que no ha sido posible aplicar los incrementos contemplados en la estructura tarifaria, que incluyen aumentos hasta de 139,71% + IPC en la tarifa de peajes.

Finalmente, indicó que "a partir del mes de diciembre de 2024, el proyecto entrará en un déficit de US$ 530 millones para el pago de las compensaciones, es decir, que a partir de noviembre el contrato no cuenta con más recursos para realizar compensaciones, por lo que su ejecución resulta inviable financieramente".

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Descripción del proyecto

El proyecto presentado en 2014 generó 4 mil empleos directos y contemplaba una inversión de US$ 1.094 millones. El plan era construir 79 kilómetros de segundas calzadas, 16 kilómetros de variantes y ocho intersecciones. 

La obra se estaba desarrollando bajo asociación público privada, y sus fuentes de retribución estarían sujetas a los rendimientos de ingresos que generara el mismo contrato de concesión.

La firma protocolar se realizó por segunda instancia en 2021 y fue presentada originalmente en 2014 y aprobada en 2016. Estuvo paralizado varios años porque estalló el escándalo Odebrecht y la obra fue analizada por las autoridades competentes, por lo cual, entre 2016 y 2019 no hubo avances. Tras esto, surgieron diversos conflictos con las comunidades que llevaron a la suspensión de cobros en dos peajes.

Dentro de lo contemplado en las obras estaba la construcción de nuevos puentes peatonales; mejoramiento de los niveles de servicio en operación vial que involucran disminución de los índices de accidentalidad; reducción en el tiempo de recorrido de 2 a 1,5 horas entre Cartagena y Barranquilla; beneficios al comercio y el transporte de carga en la disminución de costos en movilización de carga y transporte de pasajeros; aumento de la demanda de transporte intermunicipal de pasajeros.

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