Gestor de fondos Brookfield demanda a Perú por US$ 2.700 millones por el cierre de peajes en rutas de Lima

Brookfield, un gestor de fondos de inversión, inició este miércoles un procedimiento arbitral internacional contra Perú. La solicitud fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.

Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, señaló: "Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada". Hay que recordar que este gestor es inversionista de Rutas de Lima.

Justamente, agregó: "Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima (MML) y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas. Esta situación no nos deja más opción que exigir un trato justo en los términos del tratado. Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno para Brookfield".

En suma, el inicio del procedimiento arbitral es para reclamar una restitución de más de US$ 2,700 millones por el valor de Rutas de Lima.

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Cabe recordar que en febrero de este año, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló en una conferencia de prensa que su administración denunció en Estados Unidos al fondo canadiense Brookfield Asset Management, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, la cual administra los peajes de la Panamericana Norte y Sur en Lima.

En un comunicado del fondo, se reclama por "años de acciones arbitrarias por parte de la Municipalidad de Lima y otras entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional, que han privado a Rutas de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión. Además, el municipio y otras entidades recientemente han expropiado otro de los tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales en contra del marco legal aplicable".

Brookfield recordó que dos tribunales internacionales, así como una corte federal en EEUU han ordenado el pago de más de US$ 200 millones en favor de Rutas como compensaciones por reiterados incumplimientos del contrato de concesión por parte de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no ha pagado estos montos. La suma de estas acciones, así como un número de actos adicionales por parte del Estado, han privado a Brookfield del valor de su inversión en Rutas.

"Como un inversionista con visión de largo plazo y reconocido como un socio confiable por múltiples gobiernos en todo el mundo, incluyendo una historia de casi 30 años de inversión en Perú, y más de 100 años invirtiendo en Sudamérica, Brookfield considera que las acciones de Perú son irrazonables y contraproducentes", dijo Vaughan. Añadió: "Teniendo en cuenta el objetivo declarado de Perú de aumentar la inversión extranjera de escala en el país, mantenemos la esperanza de que podamos encontrar una solución aceptable con el Estado.

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Posibles consecuencias y medidas cautelares

El abogado señaló que el Perú es signatario de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

Esto implica que, en caso de un fallo favorable a Brookfield, el Estado peruano estaría obligado a cumplirlo.

En este escenario, la empresa podría gestionar el embargo de activos de Perú en el extranjero, incluyendo pagos asociados a bonos soberanos.

El proceso arbitral recién ha comenzado y, de acuerdo con Montenegro, su resolución tomará varios años. Mientras tanto, el peaje de Puente Piedra continuará suspendido, salvo que el Ciadi dicte una medida cautelar que ordene su reactivación. En ese caso, el Estado peruano deberá evaluar su cumplimiento y las implicaciones legales que esto conlleva.

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Impacto económico

En términos económicos, Montenegro explicó que una derrota en el arbitraje podría representar una obligación de pago de hasta US$ 2.700 millones para Perú, lo que equivale al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Este monto podría afectar las finanzas públicas y la calificación crediticia del país a nivel internacional.

El abogado destacó que, si bien el arbitraje es un mecanismo legítimo para resolver disputas, una posible vía para evitar costos adicionales y prolongados litigios sería la renegociación del contrato con Brookfield.

Sin embargo, cualquier decisión al respecto dependerá de la estrategia legal y financiera que adopten tanto el Estado peruano como la empresa canadiense en los próximos años.

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