Guyana, rica en petróleo, intenta aprovechar otra fuente de ingresos: créditos de carbono

Por Kenza Bryan y Joe Daniels
Londres / Georgetown

El intento de Guyana de vender millones de créditos de carbono vinculados a la conservación de los bosques pondrá a prueba la confianza de los inversionistas en que la nación sudamericana puede resistir las amenazas de Venezuela de anexionarse más de la mitad de su territorio.

La venta también pondrá de manifiesto los desafíos que enfrenta un mercado mundial de créditos de carbono en gran medida no regulado, que depende de que los inversionistas confíen en que los gobiernos mantendrán el dióxido de carbono fuera de la atmósfera durante décadas o siglos evitando la tala de árboles.

El gobierno de Guyana calcula que los créditos vinculados a una parte de las 19,5 gigatoneladas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero almacenados en sus bosques, que cubren el 85% del país, podrían generar más de US$3 mil millones en ingresos para finales de la década.

El exprimer ministro británico Tony Blair, en un discurso pronunciado el año pasado en la Universidad de Guyana, dijo que el giro hacia una economía basada en la conservación podría suponer "un enorme activo económico para el país, por valor de miles y miles de millones de dólares, y por supuesto proteger al mismo tiempo el medio ambiente".

Pero la mayor parte de la cubierta forestal de Guyana se encuentra en la región rica en minerales del Esequibo, una extensión de selva amazónica que sería un objetivo prioritario para los madereros y mineros venezolanos en caso de anexión.

La prolongada crisis en torno a la región se agravó el mes pasado cuando Venezuela celebró un referéndum en el que, según Caracas, la mayoría de los votantes declararon que la región del Esequibo es parte de su país.

Las tensiones se aliviaron más tarde cuando el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el Presidente de Guyana, Irfaan Ali, acordaron recurrir al diálogo para resolver la disputa, pero Maduro les dijo el lunes a los legisladores que tenía un plan "tangible" para poner la región bajo control venezolano, sin dar más detalles.

Opinión FT: América Latina tiene su mejor oportunidad en una generaciónEn un momento en que Venezuela ha intentado reclamar la soberanía sobre los bosques de Guyana, el gobierno está buscando compradores para al menos 25 millones de créditos.

Entre ellos se incluye la mayor parte de los 7 millones de créditos, una venta que el país espera que se apruebe por Art —un programa de acreditación de bosques tropicales— en las próximas semanas. Se emitirán para representar parte del dióxido de carbono absorbido por sus árboles en 2021.

Los ingresos totales por créditos proyectados del gobierno se basan en la hipótesis optimista de que venderá créditos a precios de hasta US$ 50 la tonelada en 2030. BloombergNEF, un proveedor de estudios, estimó el año pasado que los precios por tonelada en todo el mercado podrían caer hasta los US$ 13 en 2030, en un escenario pesimista en caso de que hubiera un exceso de oferta de créditos.

Junto con otros países con selvas tropicales que también gozan de bajas tasas de deforestación, como Gabón y Surinam, Guyana lleva años alegando que sus esfuerzos por conservar sus sumideros de carbono deben recompensarse con dinero.

La estrategia de desarrollo económico con bajas emisiones de carbono del país depende de la confianza de los inversionistas en la idea ilógica de un instrumento negociable basado en el CO2 absorbido por árboles que probablemente seguirían en pie de todos modos.

Ali "quiere que le demos esperanzas a la pieza de los mercados de carbono del rompecabezas mundial de la protección forestal", dijo una persona familiarizada con la venta de Guyana.

Pero hasta ahora el único comprador de los créditos de Guyana ha sido el productor estadounidense de petróleo y gas Hess Corporation, que posee el 30% del bloque petrolífero Stabroek, frente a las costas de Guyana, y que fue comprado por Chevron el año pasado. El bloque lo opera Exxon, que posee el 45% e hizo el descubrimiento.

La industria petrolera ha contribuido a impulsar el rápido crecimiento económico del país en los últimos años.

Hess se ha comprometido a gastar al menos US$ 750 millones en créditos de carbono para la conservación de los bosques del país durante la próxima década, con el fin de ayudar a compensar las emisiones de su producción de combustibles fósiles.

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Eron Bloomgarden, jefe de la coalición de compradores de créditos de protección forestal Leaf, dijo que ninguno de sus participantes —entre los que se encuentran los gobiernos británico y noruego, así como compañías como Burberry y Airbnb— estaba dispuesto a pagar el precio que Guyana quería por los créditos.

"No lo consideramos un fiel reflejo del precio de mercado", dijo sobre el acuerdo con Hess. El año pasado, Leaf firmó pactos con otros países, entre ellos Ghana y Costa Rica, pero no con Guyana, para obtener créditos de protección forestal que fijaron el precio de cada tonelada de emisiones de carbono evitadas en aproximadamente US$ 10.

El precio de los créditos de carbono vinculados a la protección de la naturaleza se desplomó en todo el mundo el año pasado. Gobiernos como los de Kenia y Zimbabue tomaron medidas para controlar y gravar la producción de créditos de carbono, y los científicos cuestionaron los datos de referencia utilizados para comparar las tasas de deforestación históricas, reales y previstas para el futuro que son la base de los créditos.

Se han puesto en marcha programas con algunas medidas para tranquilizar a los inversionistas. Art mantiene en un fondo de reserva hasta una cuarta parte de los créditos emitidos por Guyana; éstos no pueden venderse, y se cancelarían si se protegiera menos cubierta forestal de la esperada, ya sea por deforestación provocada por el hombre o por catástrofes naturales.

El seguro de créditos de carbono es otra opción. Pero las políticas usualmente se enfocan en el riesgo de que el propio gobierno de un país frustre la transacción, por ejemplo, prohibiendo la exportación de créditos de carbono para utilizarlos en sus propios objetivos climáticos.

Natalia Dorfman, directora ejecutiva de la aseguradora del mercado del carbono Kita, dijo: "El principal riesgo que contemplan los inversionistas y promotores o cualquiera que tenga un interés financiero en un proyecto de carbono es el riesgo de expropiación: que el país anfitrión decida que se quedará con el carbono".

Su propia cobertura no incluye el riesgo de que un gobierno extranjero se apropie del carbono en tiempos de guerra, dijo.

Los inversionistas no deben tomarse demasiado en serio el riesgo de guerra, dijo Ashni Singh, ministro de Finanzas de Guyana. "Cualquier inversionista serio y creíble que esté al tanto de lo que sucede en el mundo llegará inevitablemente a la conclusión de que esto no es más que una reclamación espuria e infundada por parte de Venezuela", dijo.

Desde que Caracas celebró su referéndum, Guyana ha acogido misiones comerciales del Reino Unido, la Unión Europea (UE) y Canadá, añadió Singh. "No tenemos ninguna urgencia apremiante por realizar otra transacción en el mercado del carbono hoy o mañana".