Argentina: Vicentin se queda sin caja y pide abrir el procedimiento preventivo de crisis

La concursada de la firma argentina Vicentin pidió a la Justicia abrir el procedimiento preventivo de crisis (PPC) como una manera de bajar costos y, así, hacer frente al problema que tiene en el flujo de caja. En un escrito presentado en Justicia santafesina, la cerealera advirtió que la situación que atraviesa implicó "continuas y permanentes pérdidas".

El pedido se hace poco más de un mes después de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara inconstitucional el acuerdo de la cerealera con sus acreedores. Esta decisión judicial supuso un freno al plan para que la compañía fuera absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA. En ese momento, la compañía ya había advertido que se iba a ver obligada a pedir el PPC, una medida que había intentado evitar hasta el momento.

Fuentes de la compañía explicaron que cuando se inició el concurso, hace más de cuatro años, Vicentin se encontraba en una posición financiera robusta que le permitió seguir operando con normalidad y no tener conflictos sindicales. Sin embargo, la demora en la homologación del acuerdo con los acreedores, firmado en 2022, hizo que la situación de caja se deteriorara y obligó a la empresa a recurrir a esta medida. 

"Para que pueda subsistir Vicentin y sus activos continúen generando los efectos que hemos señalado, la empresa debe ser, al menos, autosuficiente. Aunque no genere ganancias, la grave situación impide continuar con la operación si esta genera pérdidas", explicó la firma.

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La empresa destacó que llegó a una situación en la que debe invertir sus esfuerzos en medidas orientadas a la "racionalización y adecuación" de costos, entre ellos el laboral. Y agregó que de no hacerlo, se profundizará la crisis que atraviesa.

Además, Vicentin agregó que con anterioridad ya había dispuesto otras medidas que buscaran mitigar los efectos de la crisis sobre el empleo. En ese sentido, la compañía destacó que solicitó ayuda al Estado, planes de retiros voluntarios, adecuación de los contratos con proveedores y contratación de nuevos prestadores de servicios bajo condiciones más convenientes, reducción de las tarifas y conversaciones con las entidades sindicales de modificaciones de condiciones laborales.

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