Tras tres años, la agroexportadora argentina Vicentin está lista para salir del concurso, pero una impugnación del Banco Nación podría complicar su plan
Fabián Lorenzini, el juez que sigue la causa, certificó que la oferta de la cerealera logró las adhesiones suficientes. Sin embargo, una presentación en contra podría complicar la salida de la compañía de la crisis.
La agroexportadora argentina Vicentin tiene todo listo para homologar el acuerdo de pago con los acreedores. Fabián Lorenzini, el juez de la causa, certificó que la oferta de la cerealera logró las adhesiones suficientes, por lo que la empresa -que acumula una deuda superior a US$ 1.500 millones y cayó en default en diciembre de 2019- está en condiciones de firmar un acuerdo.
Sin embargo, la salida del concurso de la agroexportadora podría complicarse. El Banco Nación anunció que impugnará el eventual aval judicial al acuerdo de pago, por considerar a la propuesta como "discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley", considerando que fija cláusulas de similar naturaleza para todos los acreedores, sin contemplar diferencias de intereses y características de los distintos afectados.
El planteo del banco estatal se enmarca en la posibilidad que dispuso la Justicia de presentar impugnaciones, lo que recalienta la pelea entre la cerealera y el Nación, como parte del grupo de acreedores más reacios a las propuestas que efectuó la empresa en los últimos meses. Anticipan que los tiempos podrían dilatarse, en caso de que se realicen varias presentaciones.
En línea con la postura que mantuvo todo este tiempo, el banco que preside Silvina Batakis explicó que desde el punto de vista económico el acuerdo sería "extramadamente desfavorable", mientras que desde la óptica jurídica sería "palmariamente contrario al principio de igualdad de los acreedores que prima en este tipo de procesos".
Para el Nación, el compromiso de pago "no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda". Al respecto, destacó que Vicentin le debe más de US$ 300 millones y recordó que por ser el mayor acreedor, buena parte de la acreencia verificada de la entidad crediticia -US$ 246 millones, con la actualización de intereses- recibe un 'tratamiento privilegiado', lo que le confiere mayor poder de negociación a la hora de acordar las condiciones. Es decir, el pago de la 'deuda privilegiada' corre por vía paralela.
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