Jair Bolsonaro comenzó a cumplir condena de 27 años por complot golpista en Brasil

Por Michael Pooler
São Paulo

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó que el exPresidente Jair Bolsonaro comience una sentencia de 27 años de prisión tras su condena por planear un golpe de estado después de su derrota electoral de 2022.

El juez Alexandre de Moraes dictaminó el martes que los recursos legales de Bolsonaro se habían agotado y decretó que el populista de extrema derecha permanezca en una celda de la policía federal de Brasilia, donde ha estado detenido desde el sábado después de ser considerado un riesgo de fuga.

Moraes también ordenó el arresto de otros seis convictos, incluidos exministros del Gobierno y altos funcionarios del Ejército, que fueron declarados culpables en septiembre de conspirar para mantener ilegalmente a Bolsonaro en el poder.

El hijo de Bolsonaro, el senador Flávio, declaró tras el fallo del martes: "Estamos vigilantes y haciendo todo lo posible para proteger y garantizar la salud y la vida de Bolsonaro. Confiamos en Dios en que este momento difícil pasará".

Los fiscales dijeron que el plan para revertir la derrota electoral del ultraconservador incluía planes para matar al candidato ganador, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes.

Aunque el plan fracasó, el tribunal determinó que culminó en disturbios el 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios de Bolsonaro destrozaron edificios gubernamentales en Brasilia y pidieron un golpe militar.

La policía expulsó al septuagenario de su urbanización privada en Brasilia el sábado tras admitir haber dañado una tobillera electrónica con un soldador. En una audiencia de custodia, el político declaró haberlo hecho durante un episodio de "paranoia" provocado por medicamentos.

La orden judicial para el traslado también decía que una vigilia de oración planeada afuera de la casa de Bolsonaro, organizada por su hijo senador Flávio, fue diseñada para obstruir la vigilancia policial del arresto domiciliario.

El exmandatario había estado bajo arresto domiciliario durante más de 100 días después de ser acusado de cortejar la interferencia estadounidense en su juicio.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una crisis diplomática entre las dos naciones más pobladas de América cuando impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas en agosto, exigiendo que se abandonara el proceso contra Bolsonaro.

Sin embargo, desde entonces Washington ha rescindido muchos de los aranceles mientras continúa las conversaciones comerciales con Brasilia.

El inicio formal del largo castigo de Bolsonaro sella una dramática caída para el hombre de 70 años, quien llegó al alto cargo en 2018 gracias al descontento generalizado con la corrupción política y la agitación económica en la democracia más grande de América Latina.

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Esto deja al movimiento de derecha brasileño con la necesidad de un nuevo líder de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, en las que Lula, de 80 años, ha prometido presentarse a un cuarto mandato. Antes de la condena, Bolsonaro había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por delitos de campaña.

Como presidente, Bolsonaro prometió valores conservadores y reformas pro mercado, pero ganó notoriedad internacional por un fuerte aumento en la destrucción de la selva amazónica y por burlarse de las víctimas del Covid-19.

Lindbergh Farias, legislador del Partido de los Trabajadores de Lula, declaró en X el martes: "Hoy es un día memorable para la democracia brasileña. Por primera vez en nuestra historia, presenciamos el encarcelamiento de un expresidente de la república y de generales por un intento de golpe de Estado".

Tras dos mandatos presidenciales, entre 2003 y 2010, Lula pasó 19 meses en prisión por delitos de corrupción. Sin embargo, sus condenas fueron anuladas en 2021, lo que allanó el camino para su regreso político al año siguiente.

Los abogados de Bolsonaro habían solicitado que se le permitiera cumplir la condena en su domicilio debido a los problemas de salud crónicos que sufre desde que fue apuñalado en 2018 mientras estaba en campaña.

Sus aliados en el Congreso están presionando para que se apruebe una legislación que conceda una amnistía a los golpistas y a los alborotadores del 8 de enero.