Crece el riesgo de un nuevo ciclo de conflictividad social contra la minería

Entre esas acciones -que advierten por diversas entidades y especialistas consultados por Gestión- figuran medidas de fuerza acatados en las últimas semanas contra empresas mineras en regiones del sur y norte del país.

A ello los expertos le suman situaciones como la prolongada sequía (que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senamhi, prevé se extendería hasta el 2024) y consiguientes conflictos por el agua, la recesión económica, una caída en las transferencias a las zonas mineras, entre otros.

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Un factor que abona a esa proyección de riesgo es el incremento sostenido en los casos activos de conflictos socioambientales que reporta la Defensoría del Pueblo, que, hasta octubre, alcanzaba los 107 casos de un total de 176.

Es más, un 87,9% de esos conflictos activos están vinculados a industrias extractivas, entre las cuales el grueso comprende a la minería (64,5%), el 23,4% restante a hidrocarburos, y en menor medida a otras operaciones.

En ese escenario, el Poder Ejecutivo decretó desde el pasado 9 de octubre un nuevo estado de emergencia por el plazo de 60 días en todo el corredor andino del sur, en donde operan grandes empresas mineras, y que fuera afectado por la convulsión social que paralizó a varias de ellas.

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