Opinión FT: Los fantasmas de la violencia política se agitan en Colombia

Por Michael Stott

Bogotá

El camarero acababa de aparecer con unos suculentos filetes para nuestro almuerzo cuando explotó la bomba. Paralizado por la explosión, soltó la bandeja, que se estrelló contra el suelo. Salí corriendo a la calle y me encontré con una densa columna de humo negro que salía de un centro comercial cercano. 

Ocho personas murieron y otras 242 resultaron heridas en ese atentado con bomba en Bogotá en abril de 1993, uno de los últimos coletazos de una larga campaña de terror y asesinatos llevada a cabo por el rey de la cocaína de Colombia, Pablo Escobar.

Cuando meses después la policía lo abatió a tiros en la azotea de un edificio en Medellín, el país respiró aliviado.

Las guerrillas marxistas continuaron librando una guerra de baja intensidad contra el Gobierno colombiano, pero un acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde, las FARC, en 2016 dio paso a casi una década de relativa calma.

El 7 de junio, esa paz se hizo añicos. La bala que hirió mortalmente a Miguel Uribe Turbay no solo le arrebató la vida a un joven senador prometedor y aspirante a la presidencia, sino que también puso fin a un tabú sobre los grandes asesinatos políticos, o magnicidios, que se mantenía vigente desde principios de la década de 1990.

A medida que Colombia se acerca a las elecciones del próximo año, los viejos fantasmas de la violencia vuelven a aflorar.

Los partidarios de Gustavo Petro, el exguerrillero elegido en 2022 como el primer presidente de izquierda del país, lo aclaman como un líder comprometido con la justicia social. Sus opositores lo denuncian como un proto-marxista que incita a la violencia con su retórica incendiaria. 

Poco antes de que Uribe fuera asesinado a tiros en un parque de Bogotá por un sicario, Petro lo había criticado como “el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos” (el abuelo de Uribe, Julio César Turbay Ayala, impuso una ley de seguridad en virtud de la cual 3.752 personas fueron arrestadas por los militares y algunas de ellas torturadas, según la comisión de la verdad del país).

Enfurecida por la acusación de Petro, la familia de Uribe le pidió que no asistiera al funeral. Durante la misa de réquiem, el padre de Uribe arremetió contra el Gobierno de Petro. "No nos cabe duda de dónde proviene la violencia. No nos cabe duda de quién la promueve", afirmó.

Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá, observa que: “Estamos tan profundamente divididos que nada de lo que sucede cura las divisiones, sino que las acentúa”.

“Nos encontramos ante una situación política en la que nadie pide una tregua ni siquiera durante medio minuto.” 

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Esto no augura nada bueno para las elecciones del próximo año. Además del riesgo de más violencia —Vicky Dávila, una de las principales candidatas de derecha, afirma haber recibido “amenazas muy serias”—, el debate razonado es cada vez más escaso.

Petro fue elegido presidente prometiendo inclusión, justicia y grandes reformas sociales. La realidad ha estado muy lejos de cumplir sus promesas. Casi un tercio de la población del país subsiste con un ingreso individual inferior a US$ 114 mensuales. El Gobierno ha respondido al resurgimiento de los cárteles de la droga debilitando a las fuerzas de seguridad y negociando con los jefes mafiosos como si fueran disidentes políticos.

En este hervidero de violencia, Petro ha añadido un nuevo ingrediente, resucitando en recientes apariciones públicas una bandera rojinegra utilizada por el héroe de la independencia del siglo XIX, Simón Bolívar, en una “guerra a muerte” contra todos los españoles que no se unieron a él.

Los comentaristas han condenado a Petro por exaltar el símbolo de una guerra civil en la que murieron miles de inocentes.

Quien gane las elecciones presidenciales del próximo año heredará un panorama de seguridad deteriorada, una creciente amenaza del crimen organizado, fuerzas armadas y policiales desmoralizadas, una economía débil y una alta desigualdad. El poder de la guerrilla quedó patente en los dos atentados de agosto, en los que derribaron un helicóptero policial y dañaron una base aérea, dejando al menos 19 muertos.

En ese contexto, lograr la unidad de Colombia en torno a un programa de paz y prosperidad parece una posibilidad muy remota.

Gane quien gane las elecciones, quienes vivimos los atentados con coche bomba, los asesinatos y las guerras de guerrillas de los años ochenta y noventa rezaremos para que esa época no se repita.