Colombia: ¿Qué hay detrás de la reforma de pensiones, el punto de discordia del gobierno de Petro?

Hace casi un año, Gustavo Petro asumió como Presidente de Colombia con un objetivo claro: reformar. Partió con el proyecto tributario, un punto clave para su gestión y de la que salió airoso de manera casi inmediata y con pocas objeciones.

Pero, en el resto de las propuestas, el resultado no fue igual. 

En marzo pasado, el Ejecutivo presentó el proyecto para el sistema de pensiones, desatando críticas y opiniones en contra, y terminó siendo el centro de la discordia en el país cafetero.

La propuesta pasó la primera discusión -de cuatro- en el Senado, pero aún no se aprueba y, según expertos, aún resta mucho para que ello suceda aun cuando el consenso político y económico reposa en que es necesario reformar, pero no bajo lo presentado.

La nación ha discutido desde 2017 cambios en el sector y ninguno ha llegado a puerto. El proyecto radicado en el Congreso prevé que se destinarán unos US$ 14.600 millones para financiar gastos en materia pensional, de los cuales US$ 6.300 millones irán a Colpensiones, con un aumento de 30% anual, y otros US$ 7.900 millones van al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

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Objetivo de la reforma

La reforma de Petro plantea la integración del sistema de pensiones en cuatro verticales: el pilar solidario, que entregará un subsidio a los mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad; el pilar semicontributivo, para aquellas personas que no lograron cumplir las 1.300 semanas exigidas para la cotización; el pilar contributivo, que constará de la cotización de todos los trabajadores con, al menos, tres salarios mínimos y será administrado por Colpensiones; y el pilar de ahorro voluntario que permitirá a los trabajadores aportar de forma voluntaria con el fin de elevar sus futuras jubilaciones.

“El 25% de las personas en edad de jubilar se pensionan en Colombia. Realmente la cobertura es baja”, según afirmó el jefe de Equity Strategy de Casa de Bolsa, Omar Suárez. 

“La idea es aumentar la cobertura pensional en el país”, agregó.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), aseguró que es necesario un cambio porque “el actual sistema tiene falencias que deben ser corregidas, sin empeorar la deuda actual”.

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Desde Asofondos indicaron que existen algunos puntos negativos a considerar y modificar, como el hecho de que “perderemos la libertad de jubilarnos anticipadamente, la libertad de escoger la modalidad de pensión que más nos convenga y la libertad de poder examinar periódicamente como está siendo administrado nuestro ahorro”.

El director de Credicorp Capital, Daniel Velandia, coincidió con este punto y añadió que “se ha estimado que entre un 70% y 80% de los flujos de las AFP se desviarían hacia el sistema público, lo cual implica que el grueso de la población no tendría derecho a elegir”.

Esto llevaría a que el sistema propuesto por el Gobierno sea “fiscalmente insostenible en el largo plazo, porque en unos 40 años habrá menos jóvenes por adulto mayor”.

Desde la asociación indicaron que otro factor de riesgo es que “las cotizaciones de los colombianos no se ahorrarían, porque cuando los fondos son de todos, son de nadie, ya que pierde su carácter individual”. 

También subiría la edad de jubilación, “siendo las mujeres las más afectadas”.

En ese sentido, Velandia comentó que existe una “alta preocupación” al respecto, ya que el desvío de recursos -de los fondos privados- “puede generar que se haga más ineficiente su uso, que la tasa de ahorro nacional disminuya y aumenta el riesgo de que los fondos sean manejados para un régimen estatal”.

Ante este escenario, es necesario aclarar que el último texto presentado indica que el fondo de ahorro público podría ser administrado por una AFP o fiduciarias, ya que su administración sería licitada.

Al respecto, Suárez comentó que “si esa tasa de ahorro se afecta puede generar un alza en la tasa de interés de largo plazo y en la tasa de cambio. Entonces, es muy importante verlo no solo cómo impacta a cada persona sino cómo impacta a nivel macroeconómico”.

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Lo positivo

Ahora bien, no todo es negativo. 

Desde el punto de vista de Asofondos, “la reforma tiene un buen diagnóstico sobre los problemas sociales y trae buenos cambios, pues más adultos mayores accederán a un subsidio”. 

En ese sentido, Velandia apuntó que “de aprobarse la reforma como está, uno de los factores positivos es que se crea un pilar solidario y uno semicontributivo con el cual las personas más vulnerables -que no logran cumplir un requisito para la pensión-, terminan obteniendo un ingreso mínimo que al menos debería estar cobijando la línea de la pobreza”.

De este modo, los expertos coincidieron en que “una reforma pensional es necesaria”, pues “unifica en un sistema los dos regímenes contributivos que hoy compiten entre sí con reglas distintas”.

Para Jiménez, además, “el impacto positivo de la reforma acabaría con este paralelo porque buscaría que en lugar de que compitan los fondos privados y el modelo estatal; harían que exista un sistema complementario entre el modelo de base estatal y el modelo complementario de capitalización, similar a lo que sucedió en Suiza, lo cual mejoraría el impacto fiscal de las pensiones estatales”.

Además, ya que apenas el 30% de la población colombiana cotiza, esta reforma aumentaría la base de afiliados de 3 millones a 6 millones.

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Desde Asofondos proponen “priorizar el ahorro” y que pueda ser administrado por entidades públicas y privadas bajo las mismas reglas del juego, como sucede en la actualidad con las compañías de seguros y fiduciarias. “Esto sirve para aumentar la sana competencia e incrementar la inversión y el empleo formal”, indicaron. 

Y reiteraron la importancia de mantener la libertad de los trabajadores de elegir quién administra su ahorro.

Al cierre del primer semestre, el ahorro pensional de Colombia alcanzó un nuevo máximo de US$ 97 mil millones, donde cerca del 70% corresponde a ganancias que les han generado a sus afiliados Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia desde su operación local.

Además, las AFP son el principal fondeador del Gobierno, ya que cerca del 28%-30% de los títulos emitidos localmente están en las administradoras.