Los ejes y el impacto empresarial de la reforma tributaria de Brasil

Una empresa en Brasil puede dedicar entre 1.483 y 1.501 horas al año solo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, según datos del Banco Mundial. Estas cifras adquieren especial relevancia si se considera que ese país se encuentra en plena discusión legislativa para reformar su sistema impositivo, cuyas características centrales fueron creadas en la década de 1960.

Esta reforma, que no ha estado exenta de politizaciones dado el corte izquierdista de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, busca simplificar el sistema tributario a través de la unificación de una serie de impuestos, entre otros elementos.

Pero, para entender la importancia de las medidas propuestas, cabe recordar que en el caso del consumo, donde se proponen las principales modificaciones, se aplican gravámenes a través de tres capas: municipios, estados y Unión (como se le conoce al Gobierno Federal).

Mientras los municipios cobran un tributo acumulativo sobre los servicios (ISS) con una tasa de hasta el 5%, los estados lo hacen sobre la circulación de mercancías (ICMS), cuya tasa media es del 20%. 

El Gobierno Federal, por su parte, lo hace con un impuesto no acumulativo sobre la producción industrial (IPI), además de dos contribuciones sociales (PIS/COFINS) calculada como un porcentaje de los ingresos al Fisco. 

Bajo esta lógica, se planea unir los cinco conceptos que se pagan por separado, en dos impuestos: uno sobre Bienes, Servicios y Derechos (IBS) y otro por Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), comúnmente conocidos como IVA. 

La administración del primero será compartida entre los estados y los municipios, que podrán establecer sus propias tasas, mientras que el segundo recaerá sobre el Gobierno Federal. 

Además de lo relativo a la integración de los gravámenes, se propone ampliar la base de afectos al actual Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA), autorizar a los estados y al Gobierno Federal a crear una nueva carga local para financiar inversiones hasta 2043, y también se modifican otros elementos de la canasta básica, cuyo mayor impacto recae en las personas. 

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El doble click 

Pese a que hay consenso respecto de la necesidad de hacer más simple el sistema, entre otras razones, para mantener y aumentar las inversiones, también existen una serie de cuestionamientos, que se vieron reflejados a lo largo de la primera etapa de discusión legislativa y que están lejos de acabarse, aun cuando el proyecto se aprobó con 382 votos a favor y 118 en contra, dándole paso al Senado. 

De despacharse del Congreso, entonces, su entrada en vigencia se prevé será en 2033, luego de un período de gradualidad que empezaría a darse a partir de 2026.

Un informe de Capital Economics reconoce que la simplificación del sistema dará un respiro a las empresas privadas, considerando que, tal como lo describe el Banco Mundial, “dedican recursos excesivos” en el cumplimiento de las obligaciones y que bien podría destinarse al desarrollo productivo.

“El régimen tributario es una, entre muchas razones, detrás del débil historial de crecimiento de la productividad en Brasil”, acuñó el informe, cuya conclusión también fue recogida por Mario Lima, analista político y económico para Brasil de la consultora Medley Global Advisors. 

“Sin duda habrá una mejora importante en el clima de negocios, porque además todos sabrán cuánto se paga por cada tributo; eso hoy no es posible porque son demasiados. No es la mejor reforma, pero es lo que los políticos parece que están dispuestos a hacer”, dijo en conversación con DFSUD. 

Por su parte, Eduardo Muniz, abogado especialista en tributación y socio de Brigagão, Duque Estrada Advogados, señaló a este medio que uno de los principales riesgos asociados está relacionado con un aumento de la carga fiscal en un contexto en el que el gobierno pareciera no estar ejerciendo acciones para contener el gasto público -que el año pasado cerró con un alza de 37,9% versus el periodo previo-, sino para aumentar los ingresos.

Sobre esto último, el Ejecutivo ha intentado poner paños fríos a la situación, descartando un aumento en la carga, aunque desde la Confederación Nacional de Comercio, Bienes, Servicios y Turismo temen por eventuales alzas, algo que ya se da por descontado tanto por Muniz como por Lima. 

Gobierno brasileño presenta al Congreso proyecto de marco fiscalEl primero estimó que el aumento en el sector servicios será sustancial, una mirada que comparte también Marcus Vinicius Gonçalves, socio-líder de tax área de KPMG, quien a esta lista sumó al transporte aéreo de pasajeros y la economía digital.

 En contraste, señaló que el sector industrial y productivo tendería a la neutralidad o incluso a la reducción de las contribuciones. “Al final, los sectores que hoy pagan menos tributos van a tener que pagar más; lo mismo pero a la inversa para quienes desembolsan más”, completó Lima. 

Además de la carga, un tema que también genera ruido tiene que ver con que la autorización que confiere la reforma a los estados y al Gobierno Federal para crear un nuevo impuesto local con el objetivo de financiar inversiones hasta 2043.

Para algunos esta indicación contraviene el espíritu inicial de la norma que es precisamente reducir la cantidad de tributos. “Se trata de una aberración jurídica”, exclamó Muniz, a lo que Lima añadió que el riesgo está en que cada estado podría entonces tener una suerte de política tributaria unitaria que termine gravando a otros sectores económicos relevantes después de la aprobación de la reforma.

Para ambos, la llave del cambio la tiene el Senado. 

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