¿Por qué Lasso va por una segunda reforma tributaria sin apoyo político ni ciudadano?

Ecuador atraviesa una crisis política que se agrava con los días y que mantiene en disputa al Congreso de ese país y a su Presidente, Guillermo Lasso. 

Acusaciones de corrupción, que en lo más reciente decantaron en un juicio político en contra del jefe de Estado, han marcado esta relación entre ambos poderes del Estado. Se trata, además, del segundo intento por destituirlo en menos de un año. 

Y, mientras además su desaprobación sigue al alza -alcanzando en mayo su punto más alto-, el Ejecutivo anunció una nueva reforma tributaria, la segunda en menos de dos años. 

El eje central de este proyecto impositivo busca echar pie atrás a lo aprobado la vez anterior, al menos en lo que respecta al impuesto a la renta. Y es que, en la reforma de 2021 se planteó, entre otros aspectos, una suerte de “ampliación a los afectos a este gravamen”. 

No solo se impusieron tasas del 5% a quienes ganaran entre US$ 11.310 y US$  14.410 anuales, sino que se aumentó el porcentaje desde ese umbral hacia adelante bajo el argumento de que “quienes más tienen más paguen”. 

La norma pasó sin modificaciones por el Congreso ante la incapacidad de los legislativos de tender acuerdos; luego intentaron derogarla a finales del  año pasado, pero el Presidente lo vetó. Seis meses después, Lasso presentó una reforma correctiva que pone a un lado el principio de recaudación y descomprime a quienes fueron afectos a las modificaciones del proyecto pasado. 

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La nueva propuesta

Bajo la promesa de que US$ 195 millones se quedarán en los hogares ecuatorianos para financiar los gastos de salud, educación, alimentación y recreación, la reforma está centrada en bajar el impuesto a la renta a través de varios mecanismos. 

Por un lado, a través de la corrección de los tramos según ingreso, porque aunque se mantiene las tarifas del 5% al 37% del Impuesto a la Renta, se mejoran los rangos considerados para determinar su valor. 

Además, y para efectos del cálculo de la base imponible del gravamen a las rentas, se incluye una serie de deducciones de gastos que dependerán de carga familiar, mascotas, y por eventos catastróficos. 

Sumado a los impuestos personales, la iniciativa contempla cambios a nivel de pequeñas y medianas empresas, y avanza en un régimen especial para gravar a las casas de apuestas deportivas, además de aplicar una tasa de 12% de IVA a los espectáculos. 

Cabe recordar que el año pasado la nación andina logró una recaudación récord con ingresos por US$ 17.164 millones, un 22% más que el ejercicio anterior. De ese total, el impuesto a la renta contribuyó entorno a un 32%, situación que podría revertirse si se aprueban los cambios.  

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El análisis 

Para el abogado tributarista y socio de Lexvalor Abogados, Carlos Coronel, la corrección podría costarle al fisco unos US$ 155 millones de menor recaudación. 

En conversación con DFSUD.com, señaló que “tras esto, será el Presidente el que tendrá que ver por dónde podría generar ese ingreso que estaría dejando de percibir, o mejorar la calidad del gasto público”. 

Sobre el fondo, pocas son las quejas; lo que se cuestiona es la finalidad política. Eso añadió el columnista y analista político ecuatoriano Wilson Benavides pues, a su juicio, “la reforma busca congraciarse con las clases medias, las mismas que fueron afectadas con la ley anterior y hoy rechazan su gestión en 85%”, dijo.

Agregó que el descontento ciudadano que asegura existe en Ecuador no solo tiene que ver con la arena económica, sino con el aumento de la inseguridad ciudadana y los casos de presunta corrupción destapados a principios del año, que involucran las 13 principales empresas públicas de ese país. 

“El impacto de esta reforma es más político que económico, porque estoy seguro de que si le ponen al país entre menos impuestos y mayor seguridad, ganaría la segunda. El problema de fondo es que aumentaron, pero no se tradujo en ninguna mejora”, arguyó.

Aunque con matices, Coronel es de los que cree que esto implica un rédito político. “Un anuncio de baja de impuestos ayuda a la imagen del Presidente. Creo que será bien recibido por la clase trabajadora ecuatoriana y a su vez trasladará esta responsabilidad a la Asamblea”, añadió.

Pero hay un riesgo. El problema desde una perspectiva económica es que la posición de la deuda soberana de Ecuador aún es frágil y una política fiscal más laxa lo hará aún más, dijo a este medio William Jackson, economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics. 

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Viabilidad política

Consultado sobre la posibilidad de sacar esta reforma con un Congreso con el que el presidente tiene desencuentros, el tributarista ve poco probable que se rechace, por varias razones. 

En primera instancia planteó que esta iniciativa se hace cargo de las mismas críticas que hizo el legislativo respecto de los efectos del proyecto anterior y, además, señaló que “no habría justificación para que se rechace, ya que dejaría de beneficiar a la población, en un contexto en el que, y este es el último punto, la Asamblea tiene una mínima de popularidad (79,2% rechaza su gestión, según las encuestas)”.

Pero Jackson, aunque concuerda de cierta forma, no lo tiene tan claro. “Es difícil decir si el Congreso aprobará el proyecto de ley, aunque sospecho que hay más apetito por los recortes de impuestos que por las medidas de austeridad fiscal”, dijo.