Decisión de Lula de eliminar límite de gasto en Brasil desata temores de un aumento de deuda

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiere relajar las restricciones al gasto público en Brasil, ampliando el papel del Estado en la mayor economía de América Latina a pesar de las preocupaciones de los inversionistas.

En las próximas semanas, Brasilia someterá un proyecto de ley a votación en el Congreso que garantizará aumentos anuales del gasto real. Si se aprueban, los cambios le permitirían al veterano líder izquierdista destinar fondos adicionales a infraestructuras y prestaciones sociales, pilares fundamentales de la promesa del presidente de acabar con el hambre en la nación de 208 millones de personas.

Sin embargo, también supondría romper un tope que limita los aumentos presupuestarios a la tasa de inflación. El límite de gasto, introducido en 2017, se ha convertido en un pilar para la credibilidad fiscal del Estado y ha ayudado a estabilizar el nivel de endeudamiento de la nación sudamericana.

Los ministros dicen que Lula logrará un equilibrio entre el cumplimiento de las promesas de campaña y la gestión responsable de las cuentas públicas comprometiéndose a lograr un presupuesto equilibrado en 2024.

También señalan el historial del presidente durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010, cuando aprovechó el auge mundial de los productos básicos para sacar de la pobreza a decenas de millones de personas mediante programas de bienestar, respetando en gran medida la ortodoxia económica.

Pero eso no ha evitado la inquietud de los mercados ante un posible giro a la izquierda hacia políticas menos favorables a los negocios. Las preocupaciones se han visto agravadas por los frecuentes ataques del presidente al banco central independiente del país, al que acusa de frenar el crecimiento manteniendo su tasa de interés de referencia en el 13,75%.

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Resulta de especial preocupación el impacto del gasto adicional en el endeudamiento público, que es relativamente alto para una economía en desarrollo, con un 73% del producto interno bruto (PIB).

"El nuevo marco es indudablemente peor que el anterior en lo que se refiere a la sostenibilidad de la deuda", escribió Marcos Casarin, economista principal para América Latina de Oxford Economics.

La reacción del mercado al nuevo régimen fiscal ha sido diversa hasta ahora. El objetivo de eliminar el déficit presupuestario el año que viene ha tranquilizado a algunos gestores de dinero.

En palabras de Jared Lou, gestor de cartera de William Blair: "No nos gusta la idea de que se cambie un límite de gasto por un mínimo de gasto, pero celebramos la intención del Gobierno de lograr un superávit primario en los próximos años".

Aunque las nuevas regulaciones estipulan que el gasto debe crecer anualmente un mínimo del 0,6% por encima de la inflación —incluso cuando disminuya la recaudación— existe un umbral máximo del 2,5%.

Según las propuestas, el gasto anual puede aumentar hasta un 70% del incremento de los ingresos del gobierno del año anterior. Este porcentaje se reduce al 50% si no se alcanzan los objetivos presupuestarios.

Para equilibrar las cuentas, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, pretende recaudar 150 mil millones de reales (US$ 30 mil millones) mediante medidas enérgicas contra la evasión fiscal, el cierre de lagunas jurídicas y la imposición de impuestos a los juegos de azar en línea. Las autoridades prevén unos ingresos públicos totales de 2.370 millones de reales este año.

Sin embargo, el banco de inversión BNP Paribas dijo que los objetivos de Haddad de eliminar el déficit presupuestario —sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda— el año que viene y generar un superávit en 2025 "sólo son alcanzables con subidas de impuestos y presunciones muy optimistas".

"Cuando analizamos las cifras no obtenemos un superávit primario en dos años, o la deuda estabilizada en tres", dijo su jefe de investigación para América Latina, Gustavo Arruda. "El gobierno está asumiendo que habrá un crecimiento mucho mayor del que creemos que es el potencial de Brasil".

Alberto Ramos, jefe del equipo de investigación de economía latinoamericana de Goldman Sachs, dijo que el nuevo marco fiscal carecía de cumplimiento.

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"No existe un mecanismo de activación que obligue automáticamente a realizar algún tipo de ajuste si no se cumplen los objetivos. No hay ninguna pena ni sanción administrativa".

En su lugar, el presidente tendría que escribirle al Congreso explicando por qué no se alcanzaron los objetivos y esbozar medidas correctivas.

La exención de ciertas áreas de las regulaciones, como el gasto en universidades federales y proyectos medioambientales —junto con la creación de un mínimo para las inversiones públicas y las promesas de mayores salarios mínimos y del sector público— dificultaría mantener el gasto dentro del rango permitido, añadió Ramos.

Otra preocupación es que Lula pueda enfrentar presión política de los elementos más radicales de su base para no restringir el gasto público.

El límite de gasto de 2017, diseñado para sanear las maltrechas finanzas públicas brasileñas tras la desastrosa presidencia de Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, enfrenta desde hace tiempo críticas de la izquierda por recortar fondos para servicios públicos esenciales e infraestructuras.

Sin embargo, el límite máximo fue eludido legalmente para permitir las medidas de apoyo durante la pandemia de Covid-19 y de nuevo el año pasado por el predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, para aumentar las ayudas antes de su fallido intento de reelección. Lula también obtuvo una exención del Congreso antes de asumir el cargo para aumentar aún más los pagos.

Pero un problema más profundo es la mala asignación crónica de los recursos estatales de Brasil, según los expertos, junto con su complejo sistema fiscal.

Más del 90% del presupuesto del país consiste en gastos obligatorios, sobre todo en pensiones y salarios del sector público, que sólo pueden modificarse con la aprobación del Congreso.

La tarea de Lula ahora es guiar el proyecto de ley a través de un Congreso voluble y fragmentado, donde su Partido de los Trabajadores (PT) no tiene mayoría.

Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, dijo en una conferencia en Londres el mes pasado que esperaba que se aprobara el marco fiscal, aunque con algunos cambios que no quiso especificar.

Lucas de Aragão, socio de la consultora política Arko Advice, dijo que es poco probable que el Congreso, de tendencia conservadora, quiera grandes aumentos del gasto.

"El Congreso es más conservador y derechista que el presidente. Se ha vuelto más responsable fiscalmente. Esto reduce el espacio para los gastos más extravagantes".