Corte de Apelaciones de EEUU revoca fallo que obligada a Argentina pagar US$ 16.100 millones por estatización de YPF

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba a Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera YPF en 2012, al concluir que las reclamaciones de los demandantes por supuesto incumplimiento contractual no eran admisibles bajo derecho argentino.

En esa línea, el fallo dejó sin efecto la decisión dictada en 2023 por la jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan Loretta Preska, quien había condenado al país trasandino a indemnizar a los accionistas minoritarios que alegaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la compañía.

Con ello, la decisión evitó el pago de una millonaria sentencia que, según expertos, habría comprometido la estabilidad macroeconómica de Argentina, pues de acuerdo con estimaciones gubernamentales, el pago podría haber alcanzado los US$ 18.000 millones considerando intereses.

A través de sus redes sociales, el Presidente Javier Milei celebró el fallo y calificó el resultado como “histórico” y “el mayor logro jurídico de la historia nacional". 

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La controversia por el caso partió hace catorce años cuando el Estado argentino -durante el Gobierno de Cristina Fernpandez-, expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.

Aunque la petrolera española fue indemnizada con US$ 5.000 millones, el litigio comenzó cuando Petersen Energía y Petersen Energía Inversora -accionistas minoritarios de YPF- alegaron que el Estado había ignorado un artículo del estatuto de la compañía, que obligaba a quien superara el 15% de participación a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones.

Posteriormente, los derechos de litigio fueron adquiridos por la firma británica Burford Capital, que impulsó la demanda iniciada en 2015.

En 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y ordenó el pago del monto millonario. Aunque Argentina presentó distintos recursos para revertir la sentencia, el caso sumó un episodio crítico en 2025, cuando la magistrada también ordenó al país transferir el 51% de las acciones de YPF como parte del cumplimiento del fallo.