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Estados Unidos sube alerta por reforma energética de México ad portas de votación

El viraje es contrario a las firmas estadounidenses y a la cooperación binacional contra el cambio climático, expuso Katherine Tai, representante comercial de ese país.
Por El Economista, México / Foto: El Economista I Publicado: Lunes 28 de marzo de 2022 I 09:26
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Las políticas energéticas de México dañan a inversionistas estadounidenses, advirtió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) con antelación a la votación de la reforma energética en México.

Desde 1999 a 2021, México captó US$ 19.982 millones de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la rama productiva de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de los cuales US$ 2.441 millones correspondieron a inversionistas estadounidenses.

España es el principal origen de esos flujos, con US$ 8.355 millones, mientras que otras fuentes destacadas son Italia (US$ 4.336 millones), Canadá (US$ 2.353 millones), Japón (US$ 1.185 millones) y Francia (US$ 793 millones).

Este viernes, la titular de la USTR, Katherine Tai, participó en una mesa redonda virtual con legisladores, ONG ambientalistas, asociaciones empresariales y empresas estadounidenses sobre los “preocupantes desarrollos” en el sector energético de México y las implicaciones para la economía mexicana en sus compromisos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tai agradeció al amplio grupo por unirse a la conversación. Señaló que las políticas energéticas de México dañan al medio ambiente, las empresas estadounidenses y los intereses de los inversionistas en múltiples sectores, y obstaculizan los esfuerzos conjuntos para mitigar el cambio climático”, refirió un comunicado de la USTR.

Tai concluyó que tomaría en cuenta el aporte compartido en el encuentro, mientras la USTR continúa analizando el cumplimiento de México con sus obligaciones bajo el T-MEC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una propuesta de reforma constitucional al Congreso en octubre de 2021 para proteger los intereses del sector público sobre las empresas privadas en el mercado eléctrico.

Lee el artículo original completo de El Economista.

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