Perú expulsa a embajador de México por asilo a familia de exPresidente Castillo y crece crisis diplomática
En tanto, el Congreso peruano dio el primer paso que permitiría adelantar elecciones a abril de 2024.

Perú declaró este martes como "persona non grata" al embajador de México y le dio 72 horas para que abandone Lima por una "injerencia" en los asuntos internos del país, en una escalada de la crisis diplomática entre ambas naciones latinoamericanas por la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.
La decisión del gobierno peruano se produce horas después de que México anunció que había concedido el asilo político a la familia del exmandatario, quien fue expulsado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso y reorganizar el sistema judicial en la nación andina.
"El gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México de Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las altas autoridades de ese país sobre la situación política de Perú", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Gervasi, en un discurso.
La funcionaria dijo que se notificó "a la fecha" que el diplomático tiene 72 horas para abandonar el país andino.
En respuesta, el gobierno mexicano informó que había instruido a Monroy Conesa a regresar a México tras ser declarado persona no grata y que su embajada en Lima operará de forma normal.
"Encuentro esa decisión infundada y reprobable", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter sobre la decisión de Perú de expulsar al representante mexicano en Lima. "México no variará su posición", sentenció.
Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición.
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022
México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron la semana pasada un comunicado conjunto indicando que Castillo había sido víctima de "hostigamiento" político desde que asumió el poder el año pasado y exhortaron al nuevo gobierno de Perú a "abstenerse de revertir la voluntad popular expresada" en las urnas.
El Gobierno de la Presidenta peruana, Dina Boluarte, rechazó de inmediato esa posición y llamó en consulta a sus embajadores en esos países -gobernados por líderes de izquierda- por "la intromisión en los asuntos internos" del país andino.
La administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la expulsión de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico del nuevo Gobierno en Perú y no ha reconocido a la mandataria Boluarte.
Adelanto de elecciones
En paralelo, el Congreso peruano aprobó una reforma constitucional que posibilitaría el adelanto de elecciones generales en dos años, a abril de 2024, en medio de protestas.
La propuesta de reforma fue aprobada por 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, y ahora el Congreso tendrá que realizar una segunda votación en una fecha aún por definir para refrendar en forma definitiva las elecciones anticipadas.
La votación mínima para dar luz verde a una reforma constitucional, y poder convocar a unas elecciones para elegir a un presidente o presidenta y a un nuevo Congreso, es de al menos 87 votos, dos tercios de los miembros del parlamento.
El Congreso, dominado por la oposición, había rechazado la semana pasada la posibilidad de realizar elecciones anticipadas, pero el martes decidió reconsiderar la iniciativa planteada por la nueva presidenta Dina Boluarte al asumir el mandato.
Legisladores, en su mayoría de izquierda, se opusieron a la propuesta de adelanto elecciones porque querían que se incluyera también la creación de una asamblea constituyente, una idea que ha sido rechazada por la presidenta Boluarte.
La asamblea constituyente ha sido un deseo de los partidos izquierdistas por muchos años, en busca de cambiar la actual Constitución -vigente desde 1993 y favorable a una economía de libre mercado-, para darle un rol más activo al Estado.
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