Más allá de Las Bambas: Los conflictos mineros que captan la atención en la región

Con una frágil estabilidad, el gobierno peruano logró desactivar a fines de diciembre el conflicto que mantuvo paralizado a la minera Las Bambas, una operación de cobre ligada a la china MMG Limited. Sin embargo, pese al compromiso de diálogo para abordar demandas locales de la provincia de Chumbivilcas y mejorar la inversión a lo largo del corredor vial sur de ese país, algunos grupos han amenazado con nuevos bloqueos, los que dependerán del resultado de una reunión entre autoridades y organizaciones este viernes.

El caso de Las Bambas es uno de los 202 conflictos sociales que se mantienen activos en Perú, según un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo de ese país. La minería centra las miradas: el 67% de los casos están relacionados con esta industria.

Así como Las Bambas, hay otros problemas en distintas provincias del país, algunos que acaban de surgir en diciembre, otros que están en vías de diálogo y solución. Pero el problema no sólo se circunscribe a Perú: Chile y Ecuador también tiene puntos de conflicto que mantienen al sector atento a su desarrollo.

En Chile, aunque los focos de conflicto están circunscritos a temas específicos, de todos modos han ido escalando. El más importante de momento es el que enfrenta a la Minera Cerro Colorado, de la australiana BHP, con Luis Jara Alarcón, en cuyos predios se encuentra un salar de donde la faena obtiene agua. A través de un proceso judicial, Jara logró que la minera -que está en la última parte de su vida útil- deba dejar de hacer extracciones por 90 días, ante el riesgo de afectación del lugar.

En Ecuador, donde la minería es más incipiente, los ojos están puestos en algunas disputas en torno a permisos de exploración, como el que afecta a la empresa estatal Enami con la canadiense Cornerstone Capital Resources en el Bosque Protector Los Cedros, después que la Corte Constitucional de ese país ratificara un fallo de primera instancia que invalidaba los permisos ambientales para hacer los trabajos en parte de los terrenos.

“A partir del año 2019 se ha acentuado la conflictividad en torno a la minería en la región”, resume Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusminig.

Mayor rol estatal

“Estamos preocupados por los conflictos que afectan a operaciones mineras, en especial Las Bambas”, reconoció el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, Raul Jacob, al momento de apuntar a lo que a su juicio es la causa más relevante del conflicto: “Creo que en vez del bloqueo, se debería mejorar en la calidad del gasto público y así poder disminuir las brechas sociales que existen”.

Jacob explica que desde 2017 se vienen dando recurrentes conflictos sociales, en parte relacionado a la inestabilidad política que vive el país, lo que repercute en temas como falta de inversión pública en temas como salud o educación.

“Debe existir una preocupación real y un esfuerzo notorio por parte del Estado en invertir y mejorar los servicios de las comunidades aledañas a los yacimientos. Es importante que los recursos sean bien gastados, mencionó Jacob.

Lo que pase con estos yacimientos tiene efectos directos en las economías de los países y de las zonas donde se desarrollan, por ello es que existe preocupación en la industria por cómo se resuelven. Sólo la producción de Las Bambas equivale al 2% del PIB peruano, explica Guajardo para graficar el peso de las paralizaciones.

“En este caso de Las Bambas, el gobierno logró negociar el desbloqueo del corredor minero por parte de las comunidades locales, con un gran esfuerzo. Sin embargo, aún hay importantes demandas que no han sido negociadas, como su incorporación en las cadenas de valor de la mina (principalmente como proveedoras de servicios), lo que plantea interrogantes sobre la situación en el mediano y largo plazo”, explica.

Cambios políticos

Aunque la principal fuente de conflictos que se están viendo en la región están relacionados con temas relacionados con comunidades y medioambiente, en Chile también están pesando los cambios políticos como punto de definición para decisiones futuras de inversión.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, explica que aunque las faenas tuvieron en 2021 un buen desempeño, existe cierta sensación de incertidumbre, en especial por las definiciones que se tienen que tomar respecto de la nueva Constitución que regirá al país.

“Mientras no se defina la Constitución con todos sus artículos y sea lo más claro para todas las personas, las inversiones en nuevos proyectos no están aseguradas”, sostiene.

Guajardo explica que esto se debe a que, justamente, entre las consignas que gatillaron el proceso constituyente chileno están temas como reformar la industria minera en diversos aspectos de tipo medioambiental, tributarios etc., lo que está relacionado con el trabajo de la Convención Constitucional.

De acuerdo al futuro próximo de Chile y debido también a que la industria minera necesita de un alto grado de certeza para poder invertir en proyectos de largo plazo, ambos expertos sostienen que mientras el panorama en el país no se establezca y sea claro, se seguirán retrasando las inversiones, en momentos que se debería aprovechar el alto precio del cobre.

Problemas medioambientales

En Ecuador, el fallo de la Corte Constitucional sobre dos concesiones mineras en el bosque nuboso Los Cedros en la provincia de Imbabura es considerado como de un impacto “enorme”. La sentencia, de inicios de diciembre, prohíbe la minería y todo tipo de actividades extractivas en el área protegida del cantón Cotacachi. 

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, explica que dichos permisos estaban otorgados según una licencia ambiental, apegadas a la normativa vigente, pero que la Corte, amparada en un artículo de la constitución que establece que no se pueden hacer actividades mineras en centros urbanos, zonas intangibles y áreas protegidas, decidió quitarles el permiso. 

“Ahí está nuestra lucha como industria, porque el lugar donde se ubica la mina no es parte de un área protegida. Creemos que es un atentado contra la seguridad jurídica y la industria que ha estado creciendo en los últimos años”, sostiene. 

Otro problema que está presente en Ecuador es la minería ilegal. Silva dice que esto le hace daño a una industria que es nueva en el país, dado que no ellos no cumplen los estándares en diferentes materias, desde temas medioambientales hasta los laborales y de otro tipo.

Pese a esto, la dirigenta dice que la industria se ha ido posicionando como un sector relevante en la economía del país, ubicándose en el cuarto rubro de exportación. Solo el año pasado se llegaron a exportar US$ 1.000 millones y este año se espera un incremento de un 40%.

Actualmente existen dos minas industriales en Ecuador, a cargo de una empresa canadiense y otra china en la provincia de Zamora, al sur del país. Pero también existen proyectos de minería que se están acercando a la etapa de construcción.

Desafíos futuros

Para los expertos, la minería seguirá siendo un área de desarrollo dentro de Latinoamérica. Guajardo considera que uno de los desafíos principales para la región es disminuir el grado de incertidumbre que afecta, producto de la pandemia y crisis sociopolíticas, a estas inversiones. 

“Para superar el alto grado de incertidumbre será clave canalizar la tensión y trabajar en la relación entre los gobiernos de turno, las comunidades locales y la industria minera. Otro desafío es aprovechar la abundancia de minerales críticos en América Latina y convertirla en una herramienta para alcanzar la descarbonización y el desarrollo sustentable”, afirmó

Esto, porque hay inversiones que siguen avanzando en su desarrollo, según explica Silva, quien relata que muchos proyectos en Ecuador están entrando en la fase de su factibilidad, incluso algunos de ellos terminando estos estudios, para poder empezar con la fase de construcción.