Dependencia de México en gas natural de EEUU se pone a prueba en año electoral
Los vulnerables flujos de gas entre EEUU y México enfrentan desafíos políticos y estructurales.
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Por Christine Murray
El próximo gobierno de México enfrentará decisiones de alto riesgo sobre el futuro del gas natural en el país después de años de falta de inversión que lo han dejado dependiente de EEUU.
Casi la mitad de la matriz energética de México proviene del gas natural, y EEUU cubre alrededor del 70% de esa demanda. El país latinoamericano es uno de los mayores importadores mundiales de combustible fósil, y recibe casi 60 mil millones de metros cúbicos al año de su vecino del norte, mientras que su propia producción interna ha estado disminuyendo durante una década.
Eso hace que México sea muy vulnerable a las tormentas de nieve y al clima extremo en Texas, un problema exacerbado por una capacidad de almacenamiento críticamente baja. Las brechas en su red de oleoductos también agravan las desigualdades existentes entre el norte industrial mejor conectado cerca de la frontera con Texas y los estados del sur menos desarrollados.
“Se ha convertido en una dependencia natural porque Texas es muy competitivo con su gas natural. Tiene más sentido para México importar que aprovechar sus propios recursos", dijo Ryan Berg, director del programa de las Américas del centro de estudios del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Las economías de EEUU y México se han entrelazado cada vez más desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, con vínculos profundos que abarcan todo, desde la agricultura hasta los automóviles y la mano de obra. La guerra comercial de Washington con China no ha hecho más que intensificar las conexiones, y el año pasado México se convirtió en el mayor socio comercial de EEUU, beneficiándose de miles de millones de dólares en nuevas inversiones de empresas que están trasladando sus operaciones comerciales más cerca de la frontera de EEUU en un proceso conocido como "nearshoring".
Sin embargo, la dependencia crea vulnerabilidades, como durante la tormenta invernal Uri en 2021, cuando los cortes de electricidad en Texas cortaron los flujos de gas y provocaron cortes de energía en las grandes ciudades industriales mexicanas como Monterrey.
La relación entre EEUU y México también contiene innumerables puntos de tensión, desde la inmigración hasta el flujo de drogas hacia el norte, incluyendo el fentanilo. Este año, ambos países celebran elecciones presidenciales y la retórica está aumentando a medida que los candidatos republicanos en EEUU prometen utilizar la fuerza militar para acabar con los cárteles de la droga.
"Existen innumerables escenarios en los que el gobierno de EEUU o el de México puede utilizar los flujos de gas como arma política", escribieron el año pasado investigadores del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. "En EEUU, ambos partidos políticos podrían comenzar a preguntarse por qué su país está incluso enviando gasolina a México".
La política energética de México también ha oscilado como un péndulo, y el presidente populista Andrés Manuel López Obrador tomó medidas para revertir la histórica apertura del sector petrolero a la inversión extranjera en 2013. Su partido aprobó una legislación eléctrica para favorecer a las empresas energéticas estatales sobre las energías renovables privadas, y aunque fue detenido en los tribunales, su administración congeló los permisos regulatorios, lo que provocó un colapso de la inversión privada en el sector.
La candidata favorita a la presidencia mexicana, Claudia Sheinbaum, ex científica climática y protegida del presidente, ha dicho que acelerará la transición a la energía limpia y ha señalado cierta apertura a la inversión privada. Pero lograr eso y equilibrar el compromiso de su partido con el control de las empresas estatales CFE y Pemex al mismo tiempo no será fácil.
El contexto político del sector estadounidense del gas natural, que ha sido criticado por grupos ambientalistas, también está cambiando. La semana pasada, el presidente Joe Biden detuvo el proceso de obtención de permisos para nuevas terminales de gas natural licuado para atraer a los votantes centrados en el clima antes de las elecciones de noviembre.
En México, el sector tiene menos tensión política, e incluso López Obrador ha aprobado proyectos conjuntos, como uno de US$ 4.500 millones entre el grupo estatal CFE y la canadiense TC Energy. También ha aprobado múltiples proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL) en el país, que traerán gas estadounidense para licuarlo y exportarlo a Europa, aumentando aún más la demanda mexicana.
Pero construir más gasoductos y almacenamiento y posiblemente reactivar la industria nacional del gas natural requeriría un impulso casi inmediato por parte del próximo gobierno, dijo Oscar Ocampo, Coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. "Si quieres estimular e impulsar el crecimiento, tienes que hacerlo en el primer año del nuevo presidente".
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