Claves para entender la reforma energética de México que preocupa al sector privado

Ha tenido de todo la reforma eléctrica propuesta por el presidente mexicano Andés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. En el grueso, el proyecto de cambio constitucional plantea modificar tres artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su artículo más polémico, es uno transitorio que indica que el Estado debe tener, por lo menos, el control del 54% de la generación de energía en el país, dejando el resto para el sector privado. 

El problema es cómo llegar a esos números, desde el panorama actual, donde las empresas públicas generan en torno al 30% de la electricidad. He ahí la disputa que ha involucrado desde los privados presentes en el país, como Iberdrola o Enel, hasta reclamos de gobiernos como el de Estados Unidos. 

 

Desde el petróleo hasta hoy

Para entender la reforma eléctrica propuesta por el actual mandatario, es necesario retroceder un par de décadas. 

Según explica Ramón Carlos Torres, reconocido investigador universitario y autor de libros como “La hora de la transición energética”, el sistema eléctrico mexicano como lo conocemos ahora, se conformó entre 1972 y 1982. En esos años se hizo un país petrolero de escala mundial lo que incidió en dejar atrás su pasado hidroeléctrico. 

La Constitución establecía hasta antes de 2013 que eran propiedad de la Nación tanto los hidrocarburos alojados en el subsuelo, como los extraídos y terminados como la gasolina. Se establecía, además, que eran actividades reservadas exclusivamente al Estado las de extracción petrolera, generación de energía, transmisión y distribución, así como la prestación del servicio público de electricidad. 

No obstante, es a inicios de los 90 cuando el sector privado se interesó por entrar al mercado eléctrico, y los legisladores modificaron en 1992 la Ley que regulaba el servicio público de electricidad. 

En esa década, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron sometidas a restricciones presupuestarias y para invertir tuvieron que recurrir al sector privado. Los cambios jurídicos dieron lugar a “agujeros” en esa Ley para permitir a los privados que hicieran inversiones en generación, siempre y cuando el producto generado fuera adquirido por la Comisión Federal de Electricidad.

De ahí nacen las figuras de productor independiente, autoabasto y exportación e importación de energía eléctrica. Estas figuras se vieron al principio como excepciones, pero su recurrencia condujo a que suplieran en gran parte la acción del Estado en materia de generación.

 

La reforma del 2013

El 2013, con Enrique Peña Nieto como presidente vino una reforma constitucional profunda, que ya antes habían intentado los mandatarios Ernesto Zedillo en los años 90; Vicente Fox en dos ocasiones y Felipe Calderón.

Peña Nieto logró el apoyo de los tres partidos mayoritarios de entonces: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). 

La reforma modificó el alcance de lo que se consideraba patrimonio de la Nación y dejaron solo los alojados en el subsuelo, y no los productos manufacturados. Además, indicó que las actividades estratégicas reservadas exclusivamente al Estado eran la transmisión y distribución, pero no la generación, que abrió a la participación de los sectores público, privado y social. 

También reconoció que la exploración y extracción de hidrocarburos debía estar a cargo exclusiva del Estado, aunque para ello permitía contratar a privados para que lo hicieran a su nombre.

Eso hizo que la CFE, que hoy tiene 46 millones de clientes, lo que representa más del 90% de los consumidores de electricidad del país, genere apenas poco más del 30% de la demanda nacional y se obligue legalmente a subastar sus necesidades mediante licitaciones de compra de electricidad para atender sus necesidades. 

Eso también provocó que la matriz energética se quedara controlada por los hidrocarburos como principales fuentes de generación: según un informe de la ONU del 2020, el 71% de la generación es en base a gas y petróleo, 10% de eólica y solar, 11% hidroeléctrica, 4% de carbón y 4% nuclear.  

Es contra esa reforma que AMLO quiere hacer las modificaciones. 

 

Cambios con la actual reforma

Los cambios constitucionales que quiere modificar el Ejecutivo apuntan a que la generación de electricidad sea como antes, es decir, responsabilidad exclusiva del Estado, por ser estratégica como ya lo es la transmisión y distribución. 

La planeación, es decir, el diseño de la oferta y la demanda del sistema, también se centraliza en un solo organismo, para que no se repita lo de hoy, que los permisos para generar sean más que los requeridos para abastecer la demanda. 

También pone foco en la transición energética, la eleva a rango constitucional al considerarla importante para aumentar la participación de las energías renovables en la generación. Hoy, la participación de las energías limpias no llegan a la meta de 30% y es difícil que alcancen la de 35% hacia 2024. Además, reconoce la explotación del litio como actividad estratégica y la reserva en exclusiva al Estado. 

Pero la gran pregunta es: ¿Qué pasa con los privados? 

“Eso no está resuelto del todo, porque mientras indica que la generación es exclusiva del Estado, también dice que los privados pueden seguir generando un máximo del 46% del total nacional y el Estado al menos el 54%”, afirma el profesor Torres.

Otra interrogante que queda abierta es que las reglas del despacho de energía van a ser por mérito económico, pero la definición y alcance de ese mérito no está del todo definido.

Según un estudio de la consultora Fresh Energy los privados producen el Megawatt por hora (MWh) entre los 17 y 60 dólares, mientras que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, del Estado, pueden llegar a 80, 100 o hasta 200 dólares por MWh. 

“No está dicho en la iniciativa cómo CFE va a cubrir el espacio productivo que desocupen los privados”, apunta Torres. Y opina: “Hoy, con la legislación vigente, las reglas de mercado no están claras ni para el sector privado ni para el público, ni para la Nación, es un sistema disfuncional, que no ha tronado porque hay un compromiso de la empresa del Estado, pero así no es viable”. Es importante dilucidar las interrogantes que plantea la iniciativa para tener un sistema funcional con certidumbre.

Apunta también que hay una vulnerabilidad enorme en términos de seguridad energética por razones geopolíticas. “Más del 60% de la generación nacional utiliza gas natural, la mayor parte se importa de unos cuantos ductos. El sistema es frágil, cerca de la mitad de la generación nacional de electricidad requiere de gas importado”, apunta. 

Los privados también han salido a opinar. Este 23 de febrero, por ejemplo, se realizó una nueva jornada de Foro del Parlamento Abierto (sesiones en el Congreso donde se recibe a una decena de involucrados en un cambio constitucional), donde uno de los expositores fue Sergio Genaro Alcalde, de Green-It Ecotecnologías, quien recomendó “dar permanencia y consolidar una estructura neutral, independiente y descentralizada para un órgano regulador, que esté conformado por profesionales seleccionados en base a su experiencia y principios dados por los reglamentos que los suministrados aprueben”, según recoge Infobae.

También urgió a establecer objetivos claros en políticas públicas donde todos tengan la misma dirección, “porque la energía es fundamental para el desarrollo del país”.