Acuerdos sobre el litio con China y Rusia, genera duro enfrentamiento en el Congreso boliviano
Bolivia busca acelerar las inversiones extranjeras en litio y estos acuerdos con empresas chinas y rusas suponen una inversión de US$ 2 mil millones.

El ministro de Energía de Bolivia fue rociado con agua y cubierto de basura el jueves, cuando estalló el caos en el Congreso durante un debate sobre los controvertidos contratos de litio con empresas chinas y rusas que podrían suponer inversiones por valor de unos US$ 2.000 millones.
Fue un nuevo estallido de la creciente tensión en torno a los esfuerzos de Bolivia por acelerar la inversión extranjera para explotar sus reservas de litio, que se encuentran entre las mayores del mundo.
Diputados de la oposición y otros leales al expresidente Evo Morales interrumpieron la sesión de la Cámara Baja, en la que el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, intentó defender los contratos pendientes.
"Están tratando de estafarnos", dijo el diputado opositor Daniel Rojas, uno de los que se oponen a los contratos que dicen son desfavorables para el Estado, y exigen que se aseguren beneficios para Bolivia antes de vender el litio.
La sesión del jueves derivó en forcejeos, empujones, gritos y lanzamientos de pilas de papeles por parte de parlamentarios a los líderes del Congreso.
Las imágenes de video mostraron a una diputada de la oposición, María Salazar, forcejeando con otro diputado, mientras que un parlamentario arrancó más tarde un paraguas a un dirigente de la cámara que lo utilizó para intentar repeler los lanzamientos.
A la protesta se sumaron legisladores y dirigentes cívicos de la región de Potosí, rica en minerales y sede de los vastos yacimientos de litio de Bolivia.
"Le advertimos a (al presidente) Luis Arce Catacora (y) al presidente de la Cámara de Diputados, (que) de continuar insistiendo con ese tratamiento ilegal e inconstitucional, se van a encontrar con una población movilizada", dijo la diputada opositora Lissa Claros.
Los manifestantes dijeron que temían que los acuerdos no beneficiaran a las comunidades locales y causaran daños medioambientales.
"Queremos las condiciones para que la gente del lugar, más de 50 y tantas comunidades que están alrededor del salar, tengan vida digna", dijo Alberto Pérez Ramos, presidente del Comité Civico Potosinista (COMCIPO).
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