Crisis sanitaria en Colombia provoca confrontación entre Petro y la comunidad empresarial

Por Joe Daniels

Cartagena

La agravación de una crisis del sistema sanitario colombiano enfrenta al Presidente izquierdista del país sudamericano, Gustavo Petro, con líderes empresariales y políticos de la oposición, que lo acusan de eludir el Congreso para impulsar su agenda radical.

Después de que los legisladores archivaron su emblemático proyecto de ley de atención sanitaria, Petro les dio instrucciones a los reguladores para que tomaran el control de las dos mayores aseguradoras privadas de salud del país, que enfrentan importantes problemas de liquidez. Estas medidas implican que más de la mitad de las cuentas sanitarias de la población están ahora bajo gestión estatal, según grupos del sector.

Petro, quien dice que las reformas son necesarias para eliminar la corrupción, hacer que el sistema sea financieramente sostenible y mejorar la cobertura en las zonas rurales, pronto intentará nuevamente conseguir la aprobación de su proyecto de ley de salud. Pero los líderes empresariales y de la oposición dicen que, en lugar de reformar el sistema para mantenerlo a flote, Petro está permitiendo que las aseguradoras se hundan debido a su oposición ideológica al sector privado.

"El Gobierno sabe cómo destruir un sistema que no le gusta, pero no tiene ninguna estrategia para afrontar la destrucción", dijo Bruce Mac Master, presidente de la mayor asociación empresarial de Colombia. "Quieren intervenir en cualquier actividad en la que creen que el Estado debe participar".

Durante décadas, las aseguradoras privadas, conocidas colectivamente como Empresas Prestadoras de Salud (EPS), han sido una piedra angular del sistema de salud, que le brinda cobertura a cerca del 98% de la población de 52 millones de habitantes. Los colombianos pagan algunos de los costos más bajos de la región.

El Ejecutivo fija los pagos del seguro para los individuos mediante la comprobación de recursos, que se depositan en un fondo administrado por el gobierno. Luego se distribuyen a las aseguradoras para que se los paguen a los hospitales y otros proveedores de asistencia sanitaria.

Pero Petro ha acusado a las EPS con fines de lucro de gestionar mal sus finanzas y de perpetuar las discrepancias en el acceso a la atención sanitaria entre los centros urbanos y las comunidades rurales aisladas. Ha propuesto que la gestión de los fondos pase de las aseguradoras a los alcaldes locales.

"La salud no puede ser un negocio, ni el paciente es un cliente", dijo Petro el año pasado al enviar su proyecto de reforma al Congreso. "Queremos que una médica pueda atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté".

Los analistas citan varios problemas del sistema de atención sanitaria colombiano. De las 27 EPS, sólo siete cuentan con las suficientes reservas financieras y técnicas exigidas por los organismos reguladores. Otros sufren de falta de capacidad de gestión, mientras que los pagos del gobierno no cubren los crecientes costos de actualización de los equipos y las infraestructuras hospitalarios, así como el aumento de personas que buscan tratamiento.

Daniel López Morales, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, dijo que, aunque "no existe una receta mágica" para resolver la crisis, cualquier reforma debe darle tiempo a la transición y contar con la aceptación de todos los participantes.

En abril, los reguladores gubernamentales tomaron el control de las dos mayores EPS de Colombia, Sanitas y Nueva EPS, sustituyendo a sus juntas directivas por un año.

En Sanitas, que asegura a unos 5 millones de personas, los reguladores detectaron pérdidas de más de US$ 100 millones y un "aumento injustificado de los costos de operación". En Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud de Colombia, con casi 11 millones de afiliados, dijeron que faltaban US$ 1.250 millones en facturas de los estados financieros.

Mientras que Sanitas no ha respondido a la presentación del regulador, el directorio destituido de Nueva dijo que no tenía conocimiento de ninguna factura oculta en sus cuentas, que fueron aprobadas por Deloitte y KPMG.

La caída de un gigante de la salud en Colombia: ¿continuará el efecto dominó?El proyecto de reforma de Petro pretendía sustituir las aseguradoras privadas por una agencia gubernamental para realizar los pagos directamente a los hospitales. Tras ser archivado por el Congreso en abril, el Presidente dijo que las grandes empresas se habían convertido en "dueñas de la política" y que presentaría otro proyecto de ley cuando comenzara la siguiente sesión legislativa en julio.

Petro dijo que, sin intervención, el sistema podría colapsar cuando algunas de las EPS empiecen a fracasar. "Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué haría? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando y entonces eso es un dominó", dijo el año pasado.

Su predicción parece estar cumpliéndose. Sura, que cuenta con unos 5 millones de afiliados, solicitó el mes pasado la aprobación regulatoria para retirarse del sistema sanitario, alegando que los recursos que recibía del gobierno no cubrían sus costos. Las EPS registraron US$ 92,3 millones de pérdidas netas desde 2022-2023.

Gustavo Morales, presidente de una asociación de aseguradoras privadas, dijo que, aunque el HGobierno no es el principal responsable de la crisis financiera del sector, podría haber mostrado su intención de trabajar con aseguradoras como Sura para mantener a flote el sistema.

A los líderes empresariales les preocupa que el enfoque intervencionista del mandatario pueda utilizarse para ampliar el papel del Estado en la educación y reformar las leyes laborales, si el Congreso no aprueba las reformas previstas en estos sectores antes de que finalice su periodo de sesiones el 20 de junio.

Este viernes, los legisladores de la Cámara Baja, donde la coalición de Petro cuenta con una cómoda mayoría, aprobaron su reforma de las pensiones sin debatirla, lo que podría abrir el proyecto a impugnaciones legales antes de que el presidente lo promulgue.

"En un sistema democrático se presenta algo que luego se somete a contrapunto, a un proceso de negociación", dijo Antonio José Ardila, magnate empresarial y exembajador de Colombia en el Reino Unido, añadiendo que el Gobierno había evitado frecuentemente un enfoque consultivo.

El alboroto de Petro con el sector privado se produce en un contexto de lento crecimiento del producto interno bruto (PIB), del 0,6% en 2023 y del 1,2% previsto para este año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La escasez de ingresos fiscales llevó el lunes al Gobierno a recortar el gasto público en US$5 mil millones. Mientras tanto, se prevé que el déficit fiscal previsto para este año sea del 5,6% del PIB, en medio de una elevada inflación del 7%.

Ante unas finanzas cada vez más ajustadas, figuras de la oposición están instando a Petro a moderar su enfoque combativo hacia las empresas y a promover la inversión.

"Hay una persecución clara del gobierno al sector privado", dijo el expresidente derechista Iván Duque en una conferencia bancaria la semana pasada. "Eso significa que las empresas están recortando su inversión estructural y que la inversión extranjera directa está abandonando rápidamente el país, generando incertidumbre".