Congelamiento de peajes en Colombia costaría US$ 213 millones y pone en riesgo nueve megaproyectos, según gremio

Más de 1 billón (millón de millones) de pesos colombianos anuales (unos US$ 213 millones) costaría a la industria de concesiones el decreto que fue expedido el domingo pasado por el Gobierno de Gustavo Petro, a través del cual congela las tarifas de los peajes para 2023. Así lo informó este viernes la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

"Decretar el congelamiento de las tarifas de los peajes de las vías concesionadas refleja el cambio intempestivo en las reglas de juego", indicó el presidente del gremio, Juan Martín Caicedo al iniciar una conferencia de prensa. 

Como consecuencia de esta medida, indicó que "el Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que las concesionarias dejarán de percibir durante 2023".

Caicedo explicó además que esta medida causará un desequilibrio económico de los contratos porque las tarifas reales de cada año serán inferiores a las previstas. "En el caso de las IP (Iniciativas Privadas), al ser proyectos que se financian con el recaudo de los peajes, esta medida genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, por ende, los contratos podrían terminar de manera anticipada".

Proyectos afectados

En ese sentido, el vicepresidente jurídico de la CCI, Juan Carlos Quiñones, explicó que "existen nueve megaproyectos del tipo IP que se verían afectados por la medida", ya que son carreteras donde el Estado no hace desembolso de recursos, a título del desembolso futuro de los peajes por parte de los usuarios". Algunos de estos proyectos serían: Accesos Norte; Tercer Carril Bogotá–Girardot; Antioquia – Bolívar y Cambao – Manizales, entre otros.

"Confiamos que el Gobierno tomará las medidas para garantizar que esos recursos que no puedan ingresar por cuenta de la nueva indexación y no aumento de nuevas tarifas, serán debidamente compensados para garantizar la sostenibilidad financiera de esos proyectos", apuntó Quiñones.

Bajo este escenario presentado por el líder gremial, el Estado tendría que reconocer las inversiones realizadas por las concesionarias, al mismo tiempo que debería finalizar las obras inconclusas y administrar, operar y mantener las vías.

¿Quién paga?

Caicedo argumentó que una de las consecuencias de esta medida para el país es que "el Gobierno y todos los colombianos, incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas,  serán quienes terminarán respondiendo vía impuestos por los dineros que dejen de recaudar los proyectos".

Finalmente, añadió que desde la industria aún no tienen certeza desde cuándo se aplicaría, por lo cual "sería bueno que al país se le precisara muy bien los tiempos y el cronograma porque podrían pasar muchos años para llegar a buen puerto”.