Uruguay, Costa Rica y Chile lideran el índice anticorrupción en América Latina, pero la región retrocede

La edición 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC, su sigla en inglés) del Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, refleja un entorno anticorrupción bajo presión en toda América Latina con democracias e instituciones críticas retrocediendo en sus prácticas para erradicar el flagelo. 

En esta ocasión, el registro anotó una disminución en el puntaje promedio regional por primera vez desde 2020. 

De los 15 países estudiados, que juntos representan el 96% del PIB de América Latina, 10 cayeron en diversos grados, lo que se traduce en un ecosistema menos activo y movilizado.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el índice CCC evalúa y clasifica en función de la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de ver a los actores corruptos procesados ​​y castigados.

Independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, son algunas de las 14 variables clave que considera el ranking. Estas se dividen en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación. 

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"El revés a nivel general no fue tan dramático en comparación con 2022, sino que reflejó una contínua constante que ha estado en marcha durante años", agregó el informe.

Panamá, República Dominicana, Paraguay, Brasil y Argentina son las únicas economías que lograron superar su puntaje frente a la edición previa. Mientras que Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México y Guatemala, obtuvieron un peor resultado que la versión anterior. Chile, Costa Rica y Uruguay, a pesar de ser los mejores de la región, no se escaparon de esta tendencia. 

Los tres países que encabezan el ranking tienen un mejor desempeño en el ítem “democracia e instituciones políticas” y a medida que se desciende en el estudio, la variable “sociedad civil y medios de comunicación” va tomando más protagonismo gracias a países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, México, Guatemala, Bolivia y Venezuela.

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Los tres mejores

Uruguay continúa en la parte superior del listado, a pesar de una caída del 6% en su puntaje general y caídas en las tres categorías. Incluso, aunque el país ha visto una ligera tendencia a la baja desde 2021, todavía supera el promedio regional en todas las variables con un puntaje de 6,99 sobre 10 puntos. 
Así, registró retrocesos en variables clave de la capacidad jurídica como la independencia y eficiencia, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. 

Según detalla el estudio, algunos observadores encuentran que la principal organismo anticorrupción del país, el Organismo de Transparencia y Ética Pública (Jutep), continúa sin fondos suficientes, lo que puede socavar los futuros esfuerzos anticorrupción.

En tanto, a pesar de un retroceso del 5% en su puntaje general, Costa Rica se mantuvo en segundo lugar, con un puntaje por encima de los niveles de 2021 y 2020.  "El progreso puede ser lento debido a las ineficiencias del sistema judicial", indicó el reporte. En febrero de 2023, Costa Rica se agregó por primera vez a una lista de 16 jurisdicciones que la Unión Europea designó como no cooperativas para efectos fiscales, por lo que el Gobierno se ha comprometido a adaptar la legislación y minimizar el impacto inversor de la decisión. 

Por su parte, el puntaje general de Chile cayó un 3%, lo que indica un grado de estancamiento en su lucha contra la corrupción. El estudio destaca los elevados niveles de politización que han afectado a algunas instituciones a lo largo de los año pasado. 

El mayor revés a nivel de categoría en la economía andina en 2023 fue en la sociedad civil y los medios. Con un 8% menos,  siguen siendo independientes y robustos, pero se percibe que el interés público en la corrupción ha disminuido en los últimos años, ya que temas como el crimen organizado y la economía tomaron mayor prioridad.