Tras 24 días de paro en Ecuador: movimientos indígenas llegan a acuerdo con el Gobierno y ponen fin a la protesta

Tras una reunión de casi cinco horas que se extendió hasta el miércoles en la noche, los líderes indígenas de la provincia de Imbabura y representantes del Gobierno pactaron el fin a las protestas indígenas que paralizaron durante casi tres semanas el norte de Ecuador. 

Las manifestaciones iniciadas a mediados de septiembre por el alza del precio del diésel, que dejaron dos muertos, al menos 50 heridos y más de 100 detenidos, se apaciguaron, pero bajo ciertas condiciones.

En esta instancia, los voceros de las manifestaciones exigieron al Gobierno sanción para los responsables de las muertes, apoyo para atender a los heridos, archivo de las causas judiciales en contra de los líderes comunitarios y lo más relevante la posibilidad de "congelar" el costo del diésel.

Además, solicitaron la instauración de mesas técnicas para atender las necesidades de los pueblos de esa zona y la salida de policías y militares que llegaron a esa provincia en los últimos días.

Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) -organización que no fue convocada a la junta y que inició las protestas- ratificó que se mantendrá en movilización.

Además de ellos, hubo quienes manifestaron su desacuerdo con esta postura y exigieron que existan garantías y documentos firmados como condición para levantar el paro. Pero, a pesar de esto en su cuenta de la red social X, el ministro del Interior Reimberg destacó que, "Ecuador está en paz".

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El alza de la protesta

Las protestas fueron una respuesta inmediata al anuncio que realizó el Presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre, quien puso fin al subsidio al diesel debido al alto costo que suponía para el Estado. 

El mandatario aseguró que los fondos destinados a la ayuda estatal se redirigirían a programas sociales y subsidios para impulsar la producción nacional.

Desde el Palacio Carondelet señalaron que la medida ahorraría US$ 1.100 millones anuales, aunque expertos advirtieron que elevaría el costo de vida de los ecuatorianos.

La eliminación del subsidio hacía que los precios aumentaran de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón, lo que equivale a un alza del 56%.

Seis días después de la promulgación del mandatario, la organización indígena Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) convocó un paro nacional. Las huelgas provocaron cierres de carreteras y daños a la infraestructura en varias zonas del país.

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Frente a esto, el estado declaró Estado de Excepción en siete provincias en un intento de apaciguar las protestas. Junto a esto, comenzaron las masivas detenciones por parte de las Fuerzas Armadas que fueron desplegadas en las zonas con manifestaciones.

A pesar de que las libertades individuales continuaban restringidas, el conflicto llegó a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando un manifestante falleció en la ciudad de Cotacachi. En otro enfrentamiento, se produjo la muerte de José Guamán, de 30 años, quien recibió un disparo en el pecho, según denunció la Conaie. 

Las manifestaciones se extendieron por dos semanas más. Ante esto, Noboa extendió el estado de emergencia a 10 de las 24 provincias del país y suspendió durante 60 días la libertad de reunión.

Además de rechazar la eliminación del subsidio al diésel, los manifestantes comenzaon a exigir la liberación de un centenar de detenidos. A esta altura, ya no se trataba solo de grupos indígenas, cientos de estudiantes en Quito también se sumaron.

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Denuncias contra las violanciones a los DDHH

Si bien se acordó la tregua entre los grupos indigenas y el Gobierno de Noboa, desde la Conaie son tajantes, seguirán con las movilizaciones y exigen la reparación por las violaciones a los derechos humanos. 

Además, de acusar a las Fuerzas Armadas como responsables de la muerte de dos manifestantes, la agrupacion indígena denunció la muerte de una mujer indígena de 62 años en la sureña provincia de Loja, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio causado por el gas lacrimógeno.

Frente a los actos de violencia, detenciones y fallecidos hubo una promulgación por parte de las Naciones Unidas. "Las autoridades deben investigar de forma célere y transparente estos fallecimientos y garantizar el derecho a la reunión pacífica, así como una actuación de sus fuerzas de seguridad conforme a las normas internacionales de derechos humanos", señaló el representante de ONU Derechos Humanos para Suramérica, Jan Jarab.

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