Ley fintech en México: el riguroso camino de las startups ante el regulador para poder operar en el país

La regulación para empresas de tecnología financiera en México fue pionera no solo a nivel latinoamericano sino en el mundo. La Ley Fintech en ese país fue promulgada en 2018 y en 2020 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregó su primera autorización para operar.

La norma se hizo para regular aquellas empresas que estaban funcionando en México, pero que aún no contaban con un marco que fijara qué podían hacer y qué no. En esa legislación se contemplan dos tipos de compañías: las Instituciones de Fondos de Pagos Electrónicos (IFPE) -que vendrían siendo billeteras digitales, por ejemplo-, y las Instituciones de Fondos Colectivos (IFC), como los fondos de inversión. 

“La razón de por qué se regularon estas instituciones únicamente es porque indirectamente, o de alguna forma, realizaban captación de recursos del público en general”, comentó Ernesto Calero, analista financiero y exdirector de Fintech México.

Desde su creación hasta la fecha, la CNVB ha autorizado a cerca de 72 compañías; sin embargo, más de 30 licencias han sido rechazadas, según los últimos datos que se manejan en medios locales

Eso sí, en la industria no descartan que esa cantidad pueda ser incluso mayor, porque no existe un catastro exacto de los rechazos y, además, hay muchas empresas que desisten durante su propio proceso de regularización. 

“Saber cuántas empresas se retiraron del proceso va a ser imposible porque las compañías no van a querer admitir que desistieron”, explicó Sebastián De Lara, director general del gremio local.

Nubank recibe luz verde de Colombia para operar como compañía de financiamiento en el país

Los motivos

De acuerdo con los analistas, la ley mexicana es bastante rigurosa y, en ese sentido, parecida a la de la banca tradicional. 

“Ese cambio de ser una startup a una institución financiera es lo que le ha costado más a las empresas. Si se quiere jugar en las ligas mayores hay que cumplir con los requisitos de las ligas mayores”, señaló Calero.

De Lara agregó que “la autoridad busca garantizar la mayor certeza para los usuarios, y cuando encuentra que esto no está y que no hay condiciones, entonces invita a la empresa a desistir de obtener una licencia”.

El medio mexicano Dia Fintech tuvo acceso a dos oficios de rechazo, específicamente de Ethos Pay (que buscaba ser IPFE) y Aceptado Digital (IFC), que ingresaron sus solicitudes en noviembre y octubre de 2022, respectivamente.

Algunas de las observaciones que hizo la CNBV fueron: incumplimiento en la descripción del modelo financiero, falta de información en algunos ítems, fallas en estudio de viabilidad financiera, errores en montos de financiamiento, entre otras.

Al respecto, Calero reconoció que son requisitos complejos y costosos, pero necesarios para que las autoridades puedan hacer realmente un análisis de los riesgos y otros factores.

Pese a esta rigurosidad del regulador, ambos expertos coincidieron en que “la Comisión Nacional Bancaria ha hecho su máximo esfuerzo para lograr que se autoricen las licencias”. 

Ello ha llevado -dijo Calero- a que los procesos de algunos sean muy largos, a fin de evitar los rechazos.

De Lara señaló que una de las misiones que tiene actualmente la comisión es hacer lo posible para aprobar estas licencias, pese a que la comisión y otros reguladores han pasado por procesos de austeridad en el que el personal se ha reducido: “han subido la cantidad de de solicitudes y ha bajado la cantidad de funcionarios para procesarlas”, agregó.

Ueno Bank, el primer banco digital de Paraguay con fuerte apuesta a la inclusión financiera

Plazos

De acuerdo con De Lara, en un principio los procesos de tramitación demoraban aproximadamente un año y medio; actualmente no superan el año e, incluso algunas lo logran en siete u ocho meses.

Calero también opina que estos procesos se han ido reduciendo a medida que pasan los años: “Hubo empresas que se tardaron en un inicio más de tres años”, señaló sobre aquellas fintech que ya operaban en México y tuvieron que regularizarse. Actualmente, el analista señala que estos procesos pueden durar un año aproximadamente.