Española Iberdrola advierte sobre nueva demanda contra México por freno a planta en Monterrey
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene detenida la solicitud de la empresa de migrar una generadora en Monterrey del esquema de autoabastecimiento al régimen del mercado mayorista, luego de que caducara su contrato de interconexión a la red de transmisión.

La empresa española Iberdrola advirtió que si el gobierno de México no le permite operar una nueva central de energía eléctrica en Monterrey bajo el régimen de autoabastecimiento iniciará una demanda contra el Estado.
Al respecto, el 31 de enero de 2022, la empresa finalizó el contrato de interconexión para operar la central de Monterrey en régimen de autoabastecimiento y se solicitó la correspondiente autorización para operar en régimen del mercado eléctrico mayorista.
“Una negativa podría afectar la viabilidad de la planta y se emprenderían acciones legales si se presentara esa situación”, añadió seguidamente. El valor neto contable del activo es de US$ 217 millones (aproximadamente 192 millones de euros).
En otro caso iniciado antes en México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) supedita la puesta en marcha de la planta eléctrica Topolobampo III de Iberdrola al pago de penalidades contractuales por US$ 16,5 millones, más IVA, por retraso en la construcción de la planta.
Como consecuencia, Iberdrola México ha solicitado arbitraje pidiendo el reconocimiento de causas de fuerza mayor gubernativa y el reconocimiento del inicio de operaciones de la planta el 20 de julio de 2020, la devolución de los US$ 2 millones pagados por sanciones contractuales, la impropiedad de la sanción contractual adicional solicitada, pago de los gastos incurridos y cargos por capacidad de al menos US$ 10 millones e indemnización por daños y perjuicios causados por el retraso en la fecha de operación comercial de la planta.
Por su parte, CFE se ha opuesto a las pretensiones de Iberdrola y ha interpuesto una reconvención en el arbitraje reclamando daños y perjuicios por valor de US$ 185,5 millones y US$ 4,7 millones en multas adicionales por no haber alcanzado el coeficiente de integración nacional.
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