Ejecutivo de Perú evalúa observar reforma de pensiones por alto costo fiscal
El Consejo Fiscal ha hecho similares objeciones a la reforma pensionaria, aunque otros sectores ven un gasto manejable, que no supera el 0,5% del PIB anual.
Tras una largo receso originado por la pandemia, inPERU retomó este martes sus roadshow a inversionistas internacionales, con el inicio de sus presentaciones en Nueva York en su XVII edición.
La jornada incluyó sendas reuniones uno a uno entre los representantes de la Asociación Público Privada y firmas deinversióndel fuste de Pimco, y conferencias sectoriales en ámbitos como minería y energía.
En el ir y venir de los participantes, se pudo recoger la confianza de los miembros de inPERU por poder exhibir a los foráneos los sólidos fundamentos de la economía peruana, aunque cierto hálito de preocupación se percibía entre algunos participantes nacionales en medio de cambios ministeriales y aspectos medulares que hoy forman parte de la agenda doméstica.
Así, tras siete retiros de fondos de AFP, los agentes económicos buscan voltear la página y depositan sus esperanzas en una reforma del sistema de pensiones –aprobada por el Congreso-, que cierre la etapa de liberación de dichos ahorros para dar paso a cambios que permitirían que más personas, como independientes e informales, aporten para su jubilación, incluidos ciertos incentivos como la pensión por consumo que, no obstante, demandan recursos del fisco.
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Justamente, el elevado costo fiscal de la mencionada reforma hoy es evaluado por el Ejecutivo, que en breve deberá decidir si observa o promulga la autógrafa de ley aprobada por el Parlamento.
El alto costo fiscal que implica la iniciativa congresal está en el centro del debate al interior del Ejecutivo y, a priori, puede inclinar la balanza a que este observe (rechace) la propuesta parlamentaria, revelaron a Gestión fuentes con conocimiento de estas discusiones.
El Consejo Fiscal ha hecho similares objeciones a la reforma pensionaria, aunque otros sectores ven un gasto manejable, que no supera el 0,5% del PIB anual.
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