IFT revela que compañías telefónicas pagarían 62% de sobreprecio por usar espectro en México
La banda de los 3.5 GHz, de entre las más idóneas para desplegar redes de 5G y que México planea licitar en 2023, costaría aquí hasta US$ 643 millones, frente a los US$ 342 millones que pagarían los operadores en otros países como media internacional.
Las compañías de telecomunicaciones pagarán un sobreprecio de 62,2% por explotar frecuencias de espectro radioeléctrico en el transcurso de 20 años que dura la vigencia de ese tipo de concesiones en México, estimó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Este sobreprecio deriva de los criterios que determinan el nivel de la carga impositiva por utilizar bandas de espectro y que a su vez son definidos anualmente por la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión en la Ley Federal de Derechos (LFD).
Los cálculos del IFT indican que en el transcurso de 20 años, los operadores pagarían unos 183.219 millones de pesos por los pagos anuales por el derecho de explotar bandas radioeléctricas, equivalentes a US$ 9.179 millones. La cifra contrasta con los 112.960 millones o US$ 5.668 millones que pagarían otras compañías celulares por explotar las mismas bandas en otros países y en el mismo tiempo.
Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, recordó de la insistencia del órgano regulador de telecomunicaciones a la Secretaría de Hacienda para que se redefinan los criterios sobre los pagos anuales de derechos, porque los criterios actuales restan competitividad al sector y dificultan los despliegues de tecnología de nueva generación como las redes 5G.
Para atajar obstáculos en el desarrollo de las redes 5G en el país, el funcionario indicó que el IFT propone una reducción del 30% en los derechos por explotar las bandas de los 600 MHz y la banda de 1.5 GHz o Banda L, previstas por el IFT para desarrollar redes de quinta generación, pero que no han sido adjudicadas aún en procesos licitatorios, pero este tipo de propuestas han sido poco atendidas por la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados.
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