Juicio político contra Lasso: Presidente niega vínculo con trama de corrupción mientras su gobierno pende de un hilo

49 minutos exactos fue el tiempo que le tomó al Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pronunciar el discurso con el que se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por presunta corrupción y que derivaron en el juicio político que comenzó este martes en el Congreso.

El entramado que salpica al jefe de Estado se destapó a inicios de este año producto de una investigación periodística realizada por La Posta, un medio local, que dio cuenta de ciertas irregularidades en el sector eléctrico donde, por cierto, salió a relucir el nombre del cuñado de Lasso, el empresario Danilo Carrera. 

Tras el escándalo, el Presidente, que para entonces se encontraba en Davos participando del World Economic Forum, salió a poner paños fríos sobre la situación, pero lejos de disipar los ánimos, terminó por atizar la mayor crisis política en los 22 meses que lleva de gestión. 

Aquello derivó en la apertura de un juicio político por parte del Legislativo, que inició este martes y que alcanzará su punto más álgido en los próximos días cuando los congresistas determinen si hubo -o no- responsabilidad política por parte del mandatario. 

Lasso partió su discurso agradeciendo a quienes hoy lo sindican de estar vinculado en la trama de corrupción que involucra a las empresas públicas del Estado, “por hacer gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República y crear una historia ficticia que no resuelve los problemas del país”.

"Mientras más absurda sea su acusación, mientras más ocurrida y pintoresca, mayor será la oportunidad de desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita", aseguró.

A Lasso se le acusa de no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo. A juicio del legislativo, esto se tradujo en perjuicios a las arcas estatales.

El mandatario se defendió asegurando que el contrato se firmó en 2018 cuando aún no asumía la primera magistratura y que, además, la Contraloría no identificó indicios de responsabilidad penal. “Se les olvidó que tanto el contrato como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre 2018 y 2020. Tres años antes de que yo asumiera la Presidencia de la República”, dijo. 

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Como parte de lo anterior, señaló que el organismo hizo una serie de recomendaciones en las que no se incluía prescindir el contrato. Respecto a la empresa Flopec, recordó que ésta perdía US$ 50 millones al año y que bajo su administración, en 2022, llegó a ganar US$ 180 millones.

Dijo también que las empresas públicas son autónomas y el Presidente no tiene injerencia ni potestad para firmar contratos, pues la Ley Orgánica de Empresas Públicas es la que regula el funcionamiento y alcances. 

“Las reglas no las puse yo”, manifestó al tiempo que destacó que tras conocer de los hechos, acudió a la Fiscalía y la puso en conocimiento del caso Flopec. “Me quieren enjuiciar por algo que yo mismo denuncié”, remató. 

El Congreso tiene al menos cinco días para llevar a cabo la votación con la que se decidirá el futuro del mandatario; ello podría definirse el sábado. Se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea Nacional para destituirlo, justo a pocos días de cumplir dos años en el ejercicio del poder. Se trata, además, del primer juicio político de este tipo desde el retorno a la democracia en 1979. 

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