¿Cuál es el peso en la economía de las apps de movilidad, hoy en la mira del gobierno de Colombia?

Este miércoles será una jornada clave en el Ministerio de Transportes de Colombia en la que se dará inicio a una mesa de diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y representantes de las aplicaciones de movilidad para crear un proyecto de ley que regule las plataformas, en medio de tensiones por un proyecto que pretendía eliminarlas del sistema y de reclamos de taxistas que piden que se sumen a la “legalidad”.

Pero ¿qué peso tienen las aplicaciones de movilidad en el país cafetero? ¿Son parte del sistema productivo del país? ¿Qué implicaría prohibirlas, como se pretendía en el borrador? Todas estas interrogantes las responden expertos.

Las aplicaciones de movilidad -como Uber, Didi, InDriver, entre otras- llevan más de una década operando sin una ley que norme su actividad. A pesar de esto, en 2021 aportaron más de US$ 628 millones anuales al PIB de Colombia, según cifras entregadas por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo). “Estimamos que la actividad de las plataformas de movilidad representa cerca del 0,2% del PIB”, indicó el organismo.

Junto con esto, detalló que las aplicaciones generan “importantes beneficios económicos derivados de estímulos a la innovación, bancarización, productividad, formalización y pago de impuestos por parte de los negocios aliados. Adicionalmente, han creado alternativas laborales para un segmento importante de la población que, o bien cuenta con pocas posibilidades de encontrar un empleo formal, o busca una fuente secundaria de generación de ingresos que le permita tener una mayor flexibilidad laboral”.

En conversación con DFSUD.com, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que las apps -especialmente las de transporte y domicilios (delivery)- “ya hacen parte del ecosistema productivo en Colombia”, por lo tanto, “es muy difícil con una ley simplemente pretender prohibir su operación; es un sector de la economía que está aportando de manera importante no solamente al empleo sino también al crecimiento económico”.

En las cifras que manejan a diciembre de 2021, las aplicaciones entregan oportunidades de ingresos al 0,7% de la población ocupada y permiten que otros negocios adopten nuevas tecnologías, medios de pagos alternativos, entre otros.

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En alerta

Es a raíz de esto que diversos especialistas, en cuanto se conoció el borrador de la ley que buscaba prohibir a estas empresas, levantaron la alerta sobre su efecto en la economía del país y especialmente el efecto negativo que tendría sobre las familias de los más de 100 mil conductores.

Los primeros en salir a advertir estos efectos fueron las propias apps por medio de Alianza In, desde donde comentaron que “más de 100 mil conductores quedarían sin fuente de ingresos, considerando que el 44% (de ellos) estaría desocupado, el 32% tendría otro trabajo independiente y el 14% tendría empleo formal”.

Al respecto, Mejía advirtió que “cuatro de cada 10 ocupados por estas plataformas decían que no tenía una cuenta alternativa de ingreso; por ende una regulación que pretenda prohibir su operación podría generar un impacto negativo no solo en materia económica o industrial”.

Desafíos

Para el director de Fedesarrollo, lo importante de la mesa de diálogo que se instala este miércoles es la búsqueda en conjunto de una “adecuada normativa” que permita incluir a las plataformas en los esquemas formales, aunque esto se debe hacer -según Mejía- evitando escenarios en donde haya salidas de jugadores.

En consecuencia, consideró que el desafío es “la inclusión plena a la regulación formal, especialmente en materia de tributación, que ya se ha dado -por ejemplo- en el caso del pago del IVA, pero también es importante conocer cómo se va a establecer la regulación desde el punto de vista de la relación laboral o no entre las plataformas y los oferentes de la plataforma”.

“Ahí hay todavía un debate interesante para resolver sobre cómo formalizar, especialmente con las contribuciones a la seguridad social en salud y en pensiones”, dijo.

Finalmente, enfatizó en que las aplicaciones deben verse como una oportunidad de generación de empleo y de crecimiento y “la regulación se debe manejar de manera consensuada, potenciando los beneficios que han traído estas aplicaciones en términos no solamente oportunidades empleo sino también de beneficios para los consumidores porque han dinamizado mercados que antes tenía muy poca competencia”.

En esa línea, el economista e investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, detalló al medio colombiano Red Más Noticias que con la propuesta “se les está yendo la mano”, porque no se ha tomado en consideración dos procesos: “el tecnológico, que es el que da lugar a la economía colaborativa, para aprovechar de hacer funcionar el mercado entre oferentes de servicios de transportes y demandantes que necesitan transportarse; y, algo que no apareció en la discusión, es que el usuario quiere tener distintas alternativas a los taxis tradicionales”.

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Aplicaciones y taxis

Los intentos por regular las aplicaciones de movilidad han sido constantes por más de una década en Colombia; sin embargo nunca han avanzado más allá de algunas normas que fueron dictadas en 2015.

Al respecto, el líder de los taxistas colombianos, Hugo Espina, afirmó en BluRadio que “las plataformas extranjeras no se acogieron a decretos y actualmente el mototaxismo y el servicio informal de movilidad tiene quebrado el transporte público de Colombia, ya que anualmente el Estado saca más de 80 mil millones de pesos para inyectar al transporte legalmente constituido y que no quiebre”.

En ese sentido, hizo un llamado a las aplicaciones a “entrar a la legalidad” y solicitó al ministro de Transporte disponer de más permisos para que los trabajadores de aplicaciones ingresen a la industria.

Por su parte, la líder de los conductores de aplicaciones, Samai Camacho, comentó que “el problema real está en el gobierno que ha dilatado el proceso; eso sí advirtió que la normativa debe ser con la visión de todos los actores de la industria.