Plan de reforma a los servicios públicos en Colombia: gremios advierten que convertiría al Presidente en un regulador directo del sector

Recientemente el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha revelado tres borradores de proyectos de ley que iniciarán su discusión en el Congreso. Así, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que le entregaría facultades al Mandatario para aprobar directamente proyectos sobre las denominadas “vigencias futuras”, lo que le entregaría "superpoderes" para reasignar partidas presupuestarias; luego el Ministerio de Minas y Energía presentó dos borradores uno de reforma a los servicios públicos y otro que modifica la ley minera para la transición justa.

El primero desató críticas y acusaciones de intervencionismo por parte de gremios ligados al sector empresarial, así como también de que su aprobación aumenta la incertidumbre para invertir en el país por la mayor burocracia para aprobar los proyectos.

Y críticas similares han provocado también las otras propuestas, especialmente la de servicios básicos, que impacta directamente en los bolsillos de los colombianos, ya que se enfoca particularmente en el servicio energético.

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Propuesta de reforma a los servicios públicos

En el caso del borrador que reforma los servicios públicos -al que tuvo acceso el medio local Portafolio- uno de los mayores cuestionamientos fue a las atribuciones que tendría el Mandatario, ya que el documento señala que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”.

Otro punto que generó polémica es que “las funciones regulatorias asignadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por esta ley podrán ser ejercidas por dicha comisión únicamente si el Presidente de la República decide delegarlas en ella; de lo contrario, dichas funciones deberán ser ejercidas directamente por el presidente”. 

Anteriormente Petro había intentado modificar la forma en que se calcula la tarifa del servicio de energía eléctrica, lo cual no llegó a materializarse. Esta vez, la propuesta añadió que “el Ministerio de Minas y Energía podrá presentar al Presidente de la República proyectos de regulación energética con mensaje de trámite preferente cuando la aplicación de las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas resulten contrarias a la política pública del gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”.

"Un retroceso"

De manera inmediata, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), a través de su presidente Camilo Sánchez, salió al paso del proyecto y enfatizó que “es un retroceso muy fuerte en cuanto a la posibilidad de que el Presidente de la República asuma las funciones técnicas que hoy tiene la CREG y la misma CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico). Estos organismos técnicos tienen que seguir siendo independientes. No necesitaría tomar esas atribuciones porque además en este momento tiene las mayorías absolutas”.

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Junto con esto, añadió que se le conceden al presidente “atribuciones como directo regulador, ya que las decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político”, enfatizó.

Por lo tanto, “es muy riesgoso seguir improvisando”, advirtió el líder gremial, añadiendo que en los últimos 30 años en el sector se ha logrado “mantener los servicios de manera pertinente, sin apagones y hoy estaríamos poniendo en riesgo la seguridad financiera y jurídica de las compañías”.

Así, el empresario enfatizó sobre la relevancia de que lo público y privado continúen compitiendo para que se puedan tener inversiones de mediano y largo plazo. “Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”.

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Respuesta del Gobierno

En respuesta a esto, desde la cartera de Energía emitieron un comunicado afirmando que desde el Gobierno “promovemos el diálogo y la participación de la sociedad civil”. Así, argumentó que la construcción de un proyecto de ley de Servicios Públicos contó con la participación de la sociedad civil “para asegurar la presentación de un documento que cumpla con las necesidades y demandas actuales para Colombia”. 

A raíz de las diversas declaraciones, que generó el borrador, el Ministerio aclaró que “cualquier documento que sea divulgado públicamente no constituye la versión final que radicaremos ante el órgano legislativo. Actualmente, las entidades competentes estamos trabajando articuladamente en un documento borrador que esperamos poner a disposición del público en las próximas semanas”.

Además, aclaró que el documento revelado por Portafolio sería una versión “antigua” del texto, por lo tanto, invitó a estar atentos a la publicación del borrador consolidado en las próximas semanas y por sus canales oficiales.

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Otros puntos de la propuesta

Entre las propuestas del documento al que tuvo acceso Portafolio se puede identificar la facultad que se les entregaría a los municipios para reducir las tarifas de la energía. Esto, en respuesta a la modificación tarifaria que se presentó en 2023 en los precios de la energía.

El documento apunta a imponer una prohibición para que la tarifa no sea un elemento que se incluya a la hora de celebrar contratos a través de licitación. Junto con esto, se podrá crear un régimen “solidario y equitativo en el que las tarifas no solo se determinen por la ubicación del inmueble y el nivel de consumos, sino que además se tengan en cuenta otros factores asociados a la capacidad de pago de los usuarios”.

A esto se sumó la eventual creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios. “La Nación y las entidades territoriales tendrán la facultad de constituir empresas industriales y comerciales del Estado para la prestación de servicios públicos domiciliarios o sus actividades complementarias e inherentes”.

Asimismo, de aprobarse este borrador, se facultará a la Nación para constituir o autorizar la creación de “prestadores de naturaleza oficial o mixta, el empleo de mecanismo de asociación público-privada con participación de las comunidades organizadas… En ningún caso lo anterior implicará la constitución de un monopolio de derecho, ni exclusividad alguna, por lo tanto, los prestadores privados o mixtos podrán concurrir en condiciones de igualdad”.

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Los últimos dos puntos a destacar se relacionan con darle más poder a la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que “podrá ordenar la suspensión de los servicios no domiciliarios”. Al respecto, Sánchez calificó estas facultades como “exorbitantes”, ya que no tiene criterios claros de “dosimetría, (los cuales) podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios”.

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Finalmente, el líder gremial destacó el desempeño “exitoso” del sector en los  últimos 30 años, y recalcó que “Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de Servicios Públicos en Latinoamérica”, por ende -añadió- “lo que funciona no se destruye, se mejora y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el fenómeno de El Niño con éxito”.