Presidente de Colombia presenta proyecto que le da superpoderes para la asignación del Presupuesto y desata alertas de intervencionismo

En el último año, analistas de diversos organismos, como la agencia calificadora Moody’s y BanBogotá han venido advirtiendo sobre el aumento del riesgo político en el gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, y la amenaza que plantea tanto para el crecimiento económico como para las perspectivas de inversión.
Ese temor se disparó este martes, luego de que la administración anunciara un polémico plan para darle superpoderes al Presidente de izquierda para intervenir en las asignaciones del Presupuesto, un mecanismo a través del cual podría aumentar significativamente su control de la economía.

Detalles del decreto

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que le entregaría facultades al Mandatario para aprobar directamente proyectos sobre las denominadas “vigencias futuras”. Así se denominan los instrumentos que permiten contraer compromisos con cargo a presupuestos de vigencias fiscales posteriores, para ejecutar gastos con plazos mayores a un año. En la práctica, estos corresponden precisamente a los dineros que financian las megaobras de infraestructura.
El documento se conoce poco después de que la cartera publicara un decreto con el que buscó salir a calmar la controversia sobre el destino de 13 billones (millones de millones) de pesos colombianos (cerca de US$ 3.325 millones) del Presupuesto que comprometían la continuidad de proyectos clave, como el largamente anhelado metro de Bogotá, en estudio desde 1949.
Esta iniciativa en particular ha generado un fuerte debate y ha enfrentado a la alcaldesa de la capital, Claudia López, con el Jefe de Estado, que exige modificar el trazado en altura por uno subterráneo, varias veces más caro, y que no estaba considerado en el plan original.
Bajo el modelo propuesto, Petro tendría ahora a su cargo la aprobación de cualquier nuevo proyecto o cambios en los actuales.

Reacciones al anuncio

Tal como era de esperar, el último anuncio generó fuerte preocupación entre los agentes económicos. Así, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) advirtió que la mayor “subjetividad en el cumplimiento de los compromisos del Estado trae nuevamente incertidumbre y preocupación sobre el riesgo que implica tenerlo como contraparte".
Además agregó que “generar un mecanismo subjetivo para decidir a quién se le paga o no, o con quien se va a renegociar o no, es un paso atrás ya que introduce nuevamente elementos de incertidumbre”.
Por su parte, Daniel Gómez, exsubdirector general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), apuntó a los conflictos que puedan surgir entre las diversas autoridades que intervienen en el proceso. "Si el Presidente dice no a algo ya aprobado en DNP y Hacienda... ¿qué procede? ¿Quién da el visto bueno de verdad?”
Más allá de los peligros de un mayor intervencionismo estatal, el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, cuestionó que el esquema introduce mayor burocracia y actuará como un freno a la inversión. “Lo que hace este mecanismo nuevo es agregarle un paso más a la dinámica de ejecución presupuestal y de vigencias futuras que ralentiza el proceso del Ejecutivo innecesariamente”, señaló la exautoridad a través de su cuenta de la red social X.

Defensa oficial

El Gobierno, sin embargo, se apresuró a salir hoy en defensa de la iniciativa, desestimando que entregue un poder excesivo al Ejecutivo y señalando que es necesaria para optimizar el gasto.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el decreto “solo tiene una intención y es que el Presidente sea informado de qué es lo que hay respecto a los proyectos de inversión”.
Sin embargo, los críticos destacan que el Jefe de Estado ya es informado sobre el Presupuesto mediante diversas herramientas como el Confis y el Conpes, además de los reportes del DPN.