Ecuador pierde arbitraje con firma petrolera, pero deberá monto menor al solicitado originalmente
Proceso impulsado por la firma singapurense Gente Oil, a raíz de los problemas en uno de sus contratos de un bloque de explotación del hidrocarburo, había comenzado en abril de 2018.
Tras cuatro años de disputa, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dio la razón a la firma petrolera singapurense Gente Oil, la que desde abril de 2018 tenía una disputa con el Estado de Ecuador, derivado de problemas con la ejecución de la explotación de un campo petrolero llamado Singue.
Si bien aun quedan instancias de apelación, el organismo internacional determinó que el Estado de ese país deberá pagarle a la empresa US$ 11 millones, cifra menor a la reclamada originalmente, que era de US$ 92 millones.
Según notas de prensa, esta empresa se había ganado -como parte de un consorcio- el derecho a explotar el bloque Singue en 2012, cuando se le entregó la licencia ambiental, los permisos necesarios, y comenzaron las labores de reacondicionamiento. En 2013 comenzó a extraer el hidrocarburo.
Sin embargo, años después comenzó un proceso de revisión del contrato, dado que Ecuador quería recuperar mayores recursos por la producción de los barriles de petróleo, lo que se traducía en una “renegociación” del Contrato para mejorar las condiciones económicas del mismo”.
“Por el hecho reconocido que el Ecuador se encuentra en mora en el pago de millones de dólares adeudados a Gente Oil en virtud de lo previsto en el Contrato”, detalló en ese entonces la empresa.
Esto fue acompañado, además, porque desde 2017 que la Fiscalía General de Ecuador, que es un organismo del Estado que investiga causas penales en ese país, abrió un caso contra de diversos funcionarios del gobierno ligados al expresidente Rafael Correa, quienes presuntamente estaban involucrados en irregularidades en la licitación de Singue. Este proceso implicó la revisión de procesos contractuales de la licitación para los años 2011-2016.
Los daños que detectó el tribunal arbitral corresponden a restricciones de transporte, costos por frustración de solución integral (adquisición de tubería), daños por disminución del ingreso disponible, entre otros, señaló la Procaduría General en un comunicado y agregó que esta resolución no incide en sentencias condenatorias dictadas por tribunales locales dentro de la arista penal que se investigó.
En una declaración, Gente Oil destacó que el arbitraje "confirmó la legalidad del Contrato y que en el proceso "Ecuador reconoce que el contrato resulta altamente beneficioso para el Ecuador al oponerse a su terminación".
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