“Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas”. Con esa frase, el Presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró la semana pasada el foco de su agenda económica para la segunda mitad de su mandato. 

Con un capital político reforzado y con una inflación relativamente contenida, el Ejecutivo emprende en diciembre la fase de las transformaciones centrales de su programa: la reforma laboral y la tributaria.

Estas iniciativas serán enviadas al Congreso el 15 del próximo mes, con el respaldo de haber surgido del Consejo de Mayo, el órgano creado por Milei para coordinar los cambios estructurales de largo plazo.

Por un lado, la reforma laboral busca reducir la elevada informalidad -que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) alcanzó un 43,2% en el segundo trimestre, su nivel más alto desde 2008-, mientras que la reforma tributaria propone eliminar o simplificar cerca de 20 impuestos, reducir alícuotas y ampliar la base imponible.

Sin embargo, expertos advierten desde ya que los proyectos probablemente enfrenten tensiones tanto sindicales como políticas. 

En el caso de la laboral se anticipan conflictos con los gremios, mientras que la tributaria podría toparse con la resistencia de gobernadores provinciales por su impacto en la recaudación.

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Tensión con sindicatos

Para la analista de mercados de XTB Latam, Emmanuelle Santos, la reforma laboral es la iniciativa que muestra mayor nivel de definición dentro de la agenda de cambios del Gobierno. “Está estructurada en un borrador robusto que redefine conceptos clave del mercado de trabajo, desde la registración y la jornada hasta el financiamiento sindical y el esquema indemnizatorio”, dijo en entrevista con DFSUD.

Eso sí, aunque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en una entrevista con La Nación que uno de los objetivos de la reforma “es lograr un mercado de trabajo que pueda hacer que suba el sueldo de la gente y que tenga más empleo”, el proyecto enfrenta una resistencia creciente. 

Según Santos, estos conflictos “anticipan un debate áspero cuando llegue al Congreso”. A su juicio, los puntos más controvertidos están en los artículos que cambian cómo funcionan los convenios colectivos. 

El borrador propone eliminar la “ultraactividad automática” de las cláusulas obligacionales -como los aportes y otros compromisos de los empleadores con los gremios-, lo que significa que dejarían de regir cuando vence el convenio. En cambio, solo se mantendrían vigentes las cláusulas de carácter normativo.

También se propone limitar las cuotas solidarias, al impedir que se descuente a no afiliados sin autorización expresa, lo que afectaría una de las principales fuentes de financiamiento sindical.

Hay otros puntos sensibles: la reglamentación del derecho a huelga en sectores estratégicos, la creación de un componente salarial dinámico ligado a la productividad; y la ampliación de la jornada laboral, que podría extenderse hasta un máximo de 12 horas bajo un esquema de banco de horas. Aunque desde el Ejecutivo lo presentan como “optativo”, ha encendido fuertes cuestionamientos gremiales.

Por ello, la Asociación Trabajadores del Estado realizó un paro nacional de 24 horas, marcando una de las primeras respuestas gremiales del período.

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Los topes de la tributaria

Diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, la reforma tributaria busca devolver al sector privado unos US$ 500 mil millones hasta 2031, cuando debería finalizar un eventual segundo mandato.

En una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el jefe de cartera dijo que la iniciativa propondrá “un esquema de simplificación y de menores impuestos”, que incluirá una baja de ganancias para personas físicas y un fuerte incentivo al mercado de capitales.

A ello se suma la propuesta de modificar la estructura del IVA. Según Caputo, se aplicaría un 9% a nivel nacional y un porcentaje restante que será determinado por cada provincia, sin superar en conjunto el tope actual del 21%. 

“La idea es generar competencia impositiva entre las provincias, a partir de que más empresas se radiquen en las jurisdicciones donde se abona una alícuota más baja”, explicó la autoridad a medios locales.

Santos advirtió que la reforma avanza más lentamente por su falta de definición y, sobre todo, porque cualquier cambio profundo requiere negociar con gobernadores y municipios, que dependen de tributos distorsivos como ingresos brutos. 

A esto se suma una limitación: la falta de recursos fiscales para promover cambios profundos. 

En declaraciones al medio Infobae, la tributarista Fernanda Laiún sostuvo que el Gobierno solo dispone de un margen para realizar cambios graduales debido a la combinación de escasez de fondos y alta presión impositiva. “No tenemos con qué encarar un cambio profundo; el margen es muy poco”, afirmó.

“Organizar una reforma tributaria en un país con esta carga impositiva es complejo, pero todavía más en un país donde no hay plata”, agregó.

Aunque el oficialismo no cuenta con mayorías propias en el Legislativo, el nuevo mapa parlamentario -tras las elecciones de octubre- mejora su capacidad de negociación. Entonces, el avance de las reformas dependerá de acuerdos con el PRO, parte de la UCR y bloques provinciales.

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De acuerdo con Santos, la reforma laboral tiene mayor probabilidad de avanzar, porque “muchos legisladores coinciden en la necesidad de modernizar ciertos aspectos del sistema, aunque es casi seguro que sufrirá modificaciones para atenuar los puntos más sensibles para los sindicatos”.

Por otro lado, la economista señaló que la reforma tributaria enfrenta un techo más exigente, ya que “afecta la recaudación de gobernadores e intendentes, actores con fuerte peso territorial, lo que hace más probable un tratamiento por etapas, con una primera fase enfocada en simplificar y ordenar antes que en transformar la estructura fiscal de fondo”. 

En cuanto al impacto económico, la analista enfatizó en que, si se aprueban versiones equilibradas de ambas reformas, podrían elevar el crecimiento potencial del país al mejorar la eficiencia del mercado laboral, reducir costos regulatorios, facilitar la contratación y otorgar mayor previsibilidad tributaria. 

Sin embargo, advirtió que en el corto plazo los efectos podrían ser mixtos. La mayor flexibilidad laboral podría contener salarios reales en algunos segmentos y aumentar la tensión social, mientras que la simplificación tributaria puede generar incertidumbre en provincias que dependen de impuestos distorsivos. 

Por ello, el impacto final “dependerá de cómo se secuencien las medidas y del acompañamiento con políticas de transición que sostengan ingresos y demanda interna mientras se consolidan los beneficios de mediano plazo”.