Subsidios a la energía: la pesada mochila que Argentina se comprometió a reducir ante el FMI

Pese a que las tarifas eléctricas que pagan los clientes residenciales se han ido ajustando al alza, Argentina tiene presupuestado hacer nuevas correcciones durante el año con miras a reflejar de mejor manera los costos del sistema.

Subir las denominadas cuentas de la luz nunca es fácil para los gobiernos de cara a los electores, pero el del Presidente Alberto Fernández parece querer tomar ese camino, en especial después de que a principios de marzo cerrara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda, lo que incluye una serie de compromisos fiscales, donde uno de los pilares es que se “reduzcan los subsidios energéticos no focalizados”.

Argentina destinó nada menos que US$ 11.003 millones el año pasado en subsidios a este sector. La cifra representó un alza de 77% respecto al ejercicio anterior y 131% frente a 2019. Esto equivale a 2,3% del PIB. Una clara tendencia al alza que, al ver las cifras, contrasta con la baja que se había estado dando en el gobierno de Mauricio Macri.

Las cuentas de la electricidad en este país incluyen tres componentes: primero, el valor de la energía, donde se estima que el usuario en general está pagando solo del orden del 30% a 35% del monto total; luego está el valor de la distribución –que empresas del sector estiman que en general está desactualizado frente a las variaciones de la inflación-, y finalmente impuestos.

El economista y CEO de Carta Financiera, Miguel Boggiano, explica que se llegó a esta situación porque el gobierno kirchnerista, hace unos 20 años, comenzó a intervenir precios –por ejemplo con el cepo al dólar- y ha eliminado los incentivos a aumentar la producción que acarrean las alzas de precios.

Algo similar hizo ver la italiana Enel Américas en febrero, durante su conferencia para explicar los resultados de 2021. La firma es titular de una de las distribuidoras más grandes de ese país, que atiende una parte de Buenos Aires. Ahí detalló que habían logrado un alza en torno a 20%, pero que era insuficiente si se consideraba la inflación de más de 50%. “El primer ajuste de tarifas está ahí, pero por supuesto es insuficiente para cubrir las necesidades para 2022”, recalcaron y agregó que esperan tener alzas en el valor que va directamente a sus servicios de distribución.

Además, detalló que así como 2022 será de transición, en 2023 habrá una revisión importante de las tarifas, después que la última se hiciera en 2017. “Cinco años después necesitamos otro ajuste”, dijeron.

El plan del FMI

El reacomodo de las tarifas residenciales es algo que debería verse relativamente pronto en Argentina. Según el proyecto de ley que se tramitó en el Congreso local para dar respaldo a plan con el FMI, se implementarán una serie de medidas para mejorar la eficiencia, equidad y sustentabilidad del sector energético, primero para reducir costos y, luego, para focalizar los subsidios del gobierno.

“Esperamos que, con el correr del tiempo, las tarifas energéticas reflejen mejor la cobertura de costos, al tiempo que mantengan asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos”, dice el documento.

Respecto a los subsidios, se diseñó un nuevo esquema de segmentación a consumidores residenciales de manera de focalizar las revisiones de los precios mayoristas en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivo, posean mayor capacidad de pago.

Esto se traducirá en un alza de tarifas para el 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago, lo que traería un ahorro fiscal del 0,06% del PIB en 2022, lo que crecería en 2023 por la expansión del plan de segmentación

Esto se sumará a las actualizaciones que se hicieron en marzo del precio mayorista de la electricidad para todos los consumidores residenciales y no residenciales -excluyendo grandes usuarios de las distribuidoras-, que subieron 28% y 42%, respectivamente.

A juicio de Boggiano, lo que viene es un tira y afloja bastante complicado respecto a cuánto se baja el subsidio y cuánto se lleva a tarifa, porque el gobierno sabe que subir los costos energéticos para los particulares es muy impopular.

“Hay varios escenarios de lo que podría pasar, pero creo que el gobierno va a subir algo las tarifas, pero no lo suficiente para cumplirle al Fondo. Es decir, es posible que quede a medio camino, con el problema adicional de que viene el invierno y podría haber problemas con el abastecimiento de gas”, explica.

Respecto de las tarifas, fuentes de la industria eléctrica argentina ven que hay un problema más mediático que real, porque el 70% de los usuarios de ese país paga menos de 1.000 pesos argentinos mensuales, lo que dependiendo del tipo de cambio que se utilice equivale a cinco o 10 dólares.

Las fases del plan

El objetivo del gobierno es poder aplicar nuevas tarifas a partir del 1 de junio de 2022, donde los usuarios residenciales tendrán revisiones, lo que iría asociado a la variación del salario promedio y otros factores.

En el caso de los grandes usuarios en distribuidoras, sus tarifas energéticas cubrirán la totalidad del costo.

En el mediano plazo se debería continuar reduciendo los subsidios energéticos y mejorar la eficiencia de la matriz. El objetivo es aumentar la recuperación de los costos de electricidad y gas, lo que permitiría incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de GNL y energía renovable, dice el documento donde se detallan los alcances del plan con el FMI.

Además, se busca reducir las pérdidas en el segmento de distribución, eficiencia en el consumo, progresividad en subsidios y que las tarifas reflejen de manera más predecible los costos mayoristas del gas y electricidad. En septiembre se debería someter a consulta este plan, para publicar a fines del año la versión final.

Incentivar la inversión parece ser un factor clave, porque actualmente, dado que las tarifas no están cubriendo –por ejemplo- la inflación que está mostrando la economía real. “Tener precios distorsionados retrae la inversión, no se generan incentivos para sumar nueva generación”, dice una fuente que prefirió mantenerse en reserva, esto porque finalmente los recursos que se generan no cubren los costos básicos.

Boggiano agrega que todo este debate, que se ha dado en varias oportunidades en años anteriores, ha provocado cosas como que la inversión en desarrollo de infraestructura, como por ejemplo gasoductos, ha afectado al sistema, porque actualmente no se puede subir la producción de gas dadas las restricciones que existen para moverlo.