Sanciones de EEUU profundizan las preocupaciones sobre el crimen organizado en Paraguay

Por Lucinda Elliott
Buenos Aires

Paraguay ha sido durante mucho tiempo un paraíso para el contrabando de cualquier cosa, desde cigarrillos hasta artículos de lujo. Pero las sanciones de Estados Unidos contra dos de sus principales políticos, junto con un aumento en los asesinatos y la violencia relacionada con los narcóticos, han despertado la preocupación de que las bandas criminales organizadas hayan penetrado los niveles más altos del poder en uno de los principales aliados regionales de Washington.

Mientras la nación sudamericana se prepara para las elecciones presidenciales de abril, Washington incluyó el mes pasado en la lista negra al vicepresidente Hugo Velázquez y al expresidente Horacio Cartes por presunta corrupción. Se esperaba que Velázquez se presentara como candidato del partido gobernante en las encuestas y Cartes conserva una influencia significativa sobre la política y los negocios nacionales. Las sanciones significan que los hombres, que han negado las acusaciones, no podrán ingresar a Estados Unidos.

La medida refleja la creciente preocupación en Washington de que Paraguay podría desestabilizarse si sus instituciones y élites caen bajo la influencia del crimen organizado, dicen los observadores.

Al nombrar públicamente al duo, que son miembros del gobernante Partido Colorado, conservador, Washington está enviando un mensaje al gobierno de que necesita limpiar la vida pública antes de las elecciones de 2023, según Eduardo Nakayama, un político opositor paraguayo.

Los negocios de Horacio Cartes, el político y empresario paraguayo que EEUU puso en la mira

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“Paraguay es un importante proveedor de cocaína para América Latina y Europa (...) Hay bandas criminales entrando a la política a nivel regional, municipal y judicial”, dijo.

Una nación exportadora de soya y carne de res sin salida al mar estratégicamente ubicada en el centro de América del Sur, Paraguay ha sido durante mucho tiempo un punto de partida tanto para el comercio legítimo como para el contrabando. Pero este año ha sufrido un aumento en los asesinatos selectivos y la violencia de pandillas que ha alarmado a las fuerzas del orden estadounidenses.

Marcelo Pecci, fiscal principal en una investigación de alto perfil sobre tráfico de cocaína y lavado de dinero a principios de este año, fue asesinado a tiros por sicarios en mayo mientras estaba de luna de miel en Colombia.

Una semana después, José Carlos Acevedo, antiguo alcalde de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue asesinado frente a un edificio municipal, meses después del asesinato de su sobrina Belén Acevedo. Los medios locales atribuyeron ambos asesinatos a bandas de narcotraficantes.

Algunos de los mayores alijos de cocaína confiscados en Europa desde 2019 se remontan a puertos fluviales paraguayos. Un récord de 16 toneladas con un valor de hasta US$ 4.200 millones incautados en Hamburgo el año pasado se exportó desde Villeta, cerca de la capital, Asunción.

Jimena Blanco, jefa de investigación para las Américas de Verisk Maplecroft, una consultora de riesgos del Reino Unido, dijo que ha habido “una expansión de las operaciones de pandillas desde Brasil ” para traficar cocaína a través de Paraguay a medida que los cárteles amplían sus mercados.

Cuando se le preguntó acerca de la situación en Paraguay, un funcionario del Departamento de Estado de EEUU dijo: “La corrupción impone costos sustanciales a la economía, la sociedad y la seguridad de un país (...) la corrupción en un país extranjero impacta directamente en la seguridad nacional, la economía y los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

En un comunicado que describe la acción contra Velázquez, el Departamento de Estado acusó al vicepresidente de ofrecer un soborno de US$ 1 millón a un funcionario público para obstruir una investigación. Cartes, que gobernó entre 2013 y 2018, presuntamente participó en una corrupción “significativa”, incluida la obstrucción de una investigación criminal transfronteriza, dijo el departamento de estado en julio. Estados Unidos no dio más detalles de las acusaciones.

René Fernández, ministro anticorrupción de Paraguay, admitió que las organizaciones criminales habían “contaminado algunos niveles de la empresa privada y las instituciones públicas”. Dijo que su ministerio estaba profundizando sus investigaciones sobre los vínculos entre ellos.

Sin embargo, el columnista político Alfredo Boccia Paz dijo que las debilidades del sistema de justicia de Paraguay, con los presuntos delincuentes que no rinden cuentas y los investigadores atacados por las pandillas, estaban ayudando a permitir que “el poder de la mafia se apoderara de nuestro país”.

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Impacto electoral

Si el Partido Colorado continuara en el gobierno, Paraguay se “convertiría en el centro regional del narcotráfico”, dijo en agosto Martín Burt, miembro de la alianza opositora que planea postularse como candidato presidencial en la carrera del próximo año.

Cartes continúa ejerciendo una influencia considerable en el partido gobernante. El empresario ha estado en el radar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante más de una década. Estados Unidos señaló a un banco propiedad de Cartes como un presunto centro de lavado de dinero en un cable del departamento de estado de 2009 publicado en 2010 por WikiLeaks. En 2019, Brasil solicitó su extradición en relación con una investigación de lavado de dinero. Posteriormente se abandonó la solicitud. Cartes ha negado todas las acusaciones de actividad criminal.

Un portavoz de Cartes, que se postula para convertirse en presidente del Partido Colorado, culpó de las críticas a la rivalidad antes de las elecciones de 2023 y dijo: “Los opositores políticos están utilizando todo tipo de noticias falsas o tendenciosas para tratar de desacreditar (a los candidatos del Partido Colorado), incluido el argumento recurrente de que Cartes es una amenaza para la estabilidad política”.

El vicepresidente es considerado un aliado de Cartes y, según se informa, es su candidato presidencial preferido. Tras la medida de Estados Unidos, Velázquez dijo que renunciaría. Pero desde entonces ha dado marcha atrás, argumentando que la designación de Washington no tuvo consecuencias penales.

Sin embargo, la procuradora general de Paraguay, Sandra Quiñónez, anunció a fines de agosto que su oficina había abierto una investigación penal sobre Velázquez para investigar las acusaciones de Estados Unidos.

El tema está empezando a resonar en el electorado. Alrededor del 70%o de los encuestados en una encuesta de junio para el grupo de expertos de izquierda Celag mencionaron la corrupción junto con la economía como una de las principales preocupaciones. Un 91% desaprobó el manejo del presidente de la lucha contra la corrupción.

“Hay un gran descontento entre los votantes de que la imagen de contrabando del país ha regresado con mayor fuerza debido al narcotráfico”, dijo Nakayama, “Esto podría jugar un papel en las elecciones”.

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