La batalla de Colombia contra la deforestación amazónica: "La selva está desapareciendo"
El nuevo gobierno de izquierda lanzó, ante la ONU, medidas enérgicas contra las talas ilegales para abordar la destrucción de la selva tropical.
Por Joe Parkin Daniels y Gideon Long
Bogotá
En un encendido discurso en la Asamblea General de la ONU, el primer presidente de izquierda de Colombia no se anduvo con rodeos en sus palabras sobre la destrucción de la selva amazónica, el 6% de la cual se encuentra dentro de las fronteras de su país.
“Destruir la selva, la Amazonía, se ha convertido en la consigna seguida por los estados y los empresarios”, dijo Gustavo Petro, quien asumió el mes pasado tras hacer campaña en una plataforma de justicia social y ambiental.
Frente a los líderes mundiales en la ONU este martes, culpó a la guerra contra las drogas y la sed de recursos naturales de los países ricos por la creciente tasa de pérdida de bosques y pidió un fondo global para proteger la Amazonía, así como la deuda por canjes de naturaleza que Bogotá podría utilizar para invertir en proyectos ambientales.
“La selva está desapareciendo con toda su vida”, dijo.
Colombia perdió más de 174.000 hectáreas de bosques en 2021, un área 30 veces el tamaño de Manhattan, y las talas ilegales impulsaron el aumento. Fue el peor año del país por la deforestación desde 2018 y el segundo año consecutivo que la cantidad de tierra perdida ha aumentado, poniendo en riesgo los objetivos de mitigación climática del país, las comunidades indígenas y un sinnúmero de especies de flora y fauna.
La estrategia de Petro para hacer frente a la deforestación apuntaría a los acaparadores de tierras que talan el bosque para convertirlo en tierras de cría de ganado que puedan venderse, dijo Susana Muhamad, la nueva ministra de Medio Ambiente del país.
“Abordaremos a los impulsores de la deforestación y no solo a aquellos que talan los árboles”, dijo Muhamad, un destacado activista ambiental. “Es un acaparamiento ilegal de tierras y ahí es donde aplicaremos una estrategia determinada por las fuerzas armadas”.
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Deforestación fuera de control
En las últimas dos décadas, Colombia ha perdido 3,1 millones de hectáreas de bosque, 1,8 millones de las cuales se encuentran en la Amazonía, un absorbente crucial de emisiones de dióxido de carbono y uno de los hábitats con mayor biodiversidad del mundo. Los primeros tres cuartos de este año vieron un aumento del 11% en la pérdida de bosques en la Amazonía colombiana en comparación con el mismo período del año pasado, según Ideam, la agencia ambiental del país.
Muhamad dijo que el gobierno enjuiciaría a quienes financian el acaparamiento de tierras y trataría de mejorar la trazabilidad de la carne vacuna colombiana, el 80% de la cual es de origen incierto. Otros catalizadores de la deforestación incluyen la agricultura, la tala, la construcción no autorizada, los proyectos mineros y la producción de coca.
Hasta 2014, grandes extensiones de los bosques de Colombia estaban en manos de grupos guerrilleros y paramilitares y estaban fuera del alcance incluso de los más intrépidos madereros armados con motosierras. Pero eso cambió cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande del país, acordaron un cese al fuego que allanó el camino para un acuerdo de paz en 2016 .
“Una vez que las FARC perdieron el control de facto de sus territorios, vimos que la deforestación aumentaba rápidamente”, dijo Bram Ebus, autor de un informe de 2021 sobre la deforestación en Colombia para International Crisis Group. “Otros grupos armados no estatales llenaron el vacío dejado por las Farc. El estado nunca apareció y no pudo proteger sus propios bosques”.
Muhamad dijo que la implementación total del acuerdo de paz de 2016 allanaría el camino para programas de desarrollo rural que impulsen el ecoturismo y la reforestación. “Al final, será más rentable estar con el estado de derecho que estar involucrado en economías ilegales”, dijo el ministro.
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En 2019, el gobierno conservador de Iván Duque lanzó la Operación Artemisa, encomendando a los militares perseguir a los responsables de la deforestación. El año pasado, el gobierno aprobó una ley que facilita el enjuiciamiento de personas por deforestación, con sentencias de cárcel de hasta 15 años. Sin embargo, los pequeños agricultores se quejan de que la operación los ha atacado injustamente.
En 2019, Alemania, Noruega y el Reino Unido ofrecieron a Colombia incentivos financieros combinados de hasta US$ 260 millones si el país podía mostrar una reducción sostenida de la deforestación y las emisiones para 2025. Pero después del aumento de bosques destruidos en los últimos dos años, el país corre el riesgo de perder ese dinero.
Los próximos objetivos del Estado son reducir la pérdida de bosques a 100.000 hectáreas al año para 2025 y a cero para 2030. Pero Margarita Flórez, directora de Ambiente y Sociedad, una ONG ambientalista colombiana, dijo que "es muy poco probable" que la meta final, que fue acordado en la cumbre climática COP26 del año pasado, se cumpliría.
“Se necesita solo un día para destruir una hectárea de selva tropical con una motosierra”, dijo Carlos Correa, exministro de Medio Ambiente de Duque, al Financial Times pocos días después de dejar el cargo. “Pero se necesitan 25 años para restaurarlo”.
La deforestación puede tener un efecto devastador en las comunidades indígenas y rurales. Isaac Paez, que cultiva plátanos en una pequeña parcela de tierra en Cartagena del Chiará, un punto crítico de deforestación en el sur de Colombia, dijo que él y otras personas de su comunidad que se han opuesto a la ganadería no regulada habían recibido amenazas de grupos armados.
“Desde el acuerdo de paz de 2016, la deforestación ha ido en aumento aquí”, dijo Páez. “A menos de que pongamos fin a la ganadería a gran escala, continuará”.
Colombia fue, con mucho, el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020, según Global Witness, una ONG internacional. De los 227 asesinatos que la organización registró en todo el mundo, más de una cuarta parte se produjeron en Colombia.
Ole Reidar Bergum, un diplomático noruego que salió de Colombia el mes pasado después de casi cinco años como consejero de clima y bosques de su embajada, dijo que seis personas que conocía personalmente fueron asesinadas defendiendo los derechos indígenas y el medio ambiente.
“Realmente piensas, 'aquí no hay futuro', pero luego te detienes y piensas por qué luchaba esta gente: sus luchas individuales”, dijo. “Y ahí es cuando piensas, '¡No! esta lucha tiene que continuar'”.
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