La apuesta de Colombia para exigir licencias ambientales para exploración minera

El nuevo gobierno de izquierda de Colombia busca exigir licencias ambientales para la exploración minera como parte de una revisión más amplia del proceso de adjudicación de concesiones, según el ministro de Medio Ambiente del país.

“Queremos regular las licencias para la exploración, especialmente aquellas que son a gran escala”, dijo a Financial Times la ministra Susana Muhamad. En los casos en que la exploración se realizaría en tierras indígenas, se requeriría una consulta previa, dijo.

“Es importante hacerlo ya que ha habido mucho conflicto social y ambiental debido a la exploración y esto lo reduciría”.

Muhamad dijo que el gobierno también evaluaría los títulos mineros existentes que se otorgaron sin un escrutinio ambiental adecuado.

Las empresas que operan en Colombia sólo necesitan un permiso ambiental para las fases de extracción y producción de los proyectos. Sin embargo, el gobierno actual considera que estos acuerdos que favorecen a los inversionistas ponen en riesgo el medio ambiente.

“Hay laxitud en el sistema y el cumplimiento es flexible”, dijo Muhamad. “Creo que tenemos que ser lo más estrictos posible”.

Colombia es el mayor productor de carbón de América Latina, cuenta con importantes depósitos de esmeraldas, oro y níquel, y aspira a convertirse en el tercer mayor productor de cobre en el mundo. En 2021, las exportaciones mineras representaron el 24% de las exportaciones totales del país y el 2,3% del producto interno bruto (PIB), según el Ministerio de Minería y Energía.

Pero desde que el primer presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, asumió el cargo el 7 de agosto, el sector minero ha tenido motivos para estar preocupado. Petro hizo campaña en una plataforma de justicia ambiental y se comprometió a detener la exploración de petróleo y gas, aunque se ha retractado de esa política. Se ha comprometido repetidamente a supervisar la transición que alejaría a Colombia de los combustibles fósiles.

Su ambiciosa propuesta fiscal, que busca recaudar fondos para programas sociales, incluye un impuesto del 10% sobre las ganancias extraordinarias a las exportaciones de petróleo y carbón cuando los precios superen los US$ 48 por barril y US$ 87 por tonelada, respectivamente. Se eliminó un impuesto a las exportaciones de oro después de que surgieron preocupaciones de que podría conducir a un auge en la minería ilegal.

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Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Nacional de Minería, criticó el impuesto en la conferencia anual del grupo empresarial la semana pasada. “Eso por supuesto tiene un impacto muy grande y no tiene precedentes en la estructura tributaria de los países latinoamericanos”, dijo.

En la misma conferencia, Petro dijo que Colombia debería centrarse en la exploración de minerales necesarios para una transición a energías renovables. “En las áreas donde podemos explorar, busquemos minerales para energía limpia”, dijo. “Busquemos minerales para fertilizar la tierra”.

La semana pasada, el Consejo de Estado de Colombia, el máximo tribunal administrativo del país, apoyó los esfuerzos del gobierno con un fallo que pedía una mayor supervisión ambiental del sector minero.

El fallo ordena que los ministerios de medio ambiente y minas y las agencias pertinentes deben evaluar los proyectos mineros con títulos en áreas protegidas, el impacto ambiental de los proyectos de exploración con licencias pendientes y los proyectos no monitoreados en la fase de exploración.

Paul Harris, un analista de minería con sede en Colombia que organiza la conferencia anual de Colombia Gold Symposium (CGS), dijo que las regulaciones propuestas sobre exploración serían perjudiciales para un sector que ya tenía una de las más estrictas supervisiones ambientales en la región.

“Colombia corre el peligro de acabar con su sector de exploración con trámites y papeleo”, dijo el analista. “El capital fluye por el camino de menor resistencia. Si es demasiado difícil en Colombia, y muchas empresas comienzan a creer que lo es, entonces se irán a Ecuador o Chile o Perú o en cualquier otro lugar".

Harris agregó que las consideraciones ambientales deberían surgir una vez que se hayan descubierto los depósitos minerales.

“No puedo pensar en ningún otro lugar del mundo donde el gobierno obligaría a una empresa a realizar una evaluación de impacto ambiental para solicitar una propiedad de exploración. Es totalmente exagerado".

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