El juez detrás de impulso para enterrar la mayor investigación de corrupción de Latinoamérica

Por Bryan Harris y Michael Pooler
São Paulo

La reunión estuvo liderada por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y se centró en un tema no controvertido: la ayuda a los damnificados por las inundaciones del sur de Brasil.

Pero la presencia de dos invitados rechazados durante años en los círculos políticos por corrupción y su proximidad a Lula, representaron un sorprendente regreso de su deshonra.

Sentados a ambos lados del mandatario en la reunión de mayo en Brasilia estaban Joesley y Wesley Batista, los hermanos multimillonarios detrás del gigante de empacadoras cárnicas JBS que habían admitido haber pagado sobornos multimillonarios durante el sonado escándalo de corrupción conocido como Lava Jato (Lavado de Autos).

Para muchos, su tan público "regreso al redil" subraya cuán exhaustivamente se está borrando el legado de la larga investigación Lava Jato tras el regreso de Lula el año pasado a la jefatura de Estado para su tercer mandato no consecutivo. La investigación sobre sobornos, la cual se prolongó durante una década, reveló casos de corrupción generalizada en los que estaban implicados decenas de políticos y empresarios durante un período en el que el partido de Lula estaba en el poder.

Gran parte del trabajo para desmantelar los resultados de la investigación —que recuperó miles de millones de dólares de las compañías implicadas— ha estado en manos del Supremo Tribunal Federal (STF) y, en particular, del juez José Antonio Dias Toffoli.

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Toffoli, un antiguo abogado del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en el último año ha provocado la ira de los activistas anticorrupción con una serie de polémicas decisiones.

El mes pasado, el juez anuló todos los fallos penales contra el industrial Marcelo Odebrecht, heredero del conglomerado de la construcción Odebrecht y figura central de la investigación Lava Jato, quien en 2016 admitió delitos que incluían sobornos y cumplió condena en prisión.

El Departamento de Justicia (DOJ, su sigla en inglés) estadounidense dijo en aquel entonces que Odebrecht y Braskem, su unidad petroquímica, "pagaron sistemáticamente cientos de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes". El DOJ llamó al plan el "mayor caso de soborno en el extranjero de la historia".

En los últimos seis meses, Toffoli también ha suspendido las multas multimillonarias por corrupción impuestas en un acuerdo con los fiscales federal brasileños a la compañía Odebrecht —ahora rebautizada como Novonor— y J&F, la compañía "holding" de los hermanos Batista, quienes se sentaron con Lula en la reunión de Brasilia.

Este último fallo suscitó denuncias por parte de activistas y políticos de la oposición por conflicto de intereses, ya que la esposa de Toffoli había trabajado como asesora legal de J&F en un caso separado.

En respuesta a las preguntas del Financial Times (FT), la oficina del juez dijo que sus decisiones seguían un precedente establecido por el tribunal en 2022 y que estaban "basadas en la Constitución y en las leyes del país". Las multas suspendidas actualmente están siendo renegociadas entre el Gobierno y las compañías, añadió la oficina.

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Thomas Traumann, un exministro del Gobierno que ahora dirige una consultoría política, declaró: "Es extremadamente preocupante. Lo que Toffoli está haciendo es básicamente intentar borrar todas las partes buenas de la operación Lava Jato".

El escándalo se remonta a 2014, cuando la investigación de la Policía Federal reveló una trama multimillonaria de contratos a cambio de sobornos en la que estaban implicados el grupo energético Petrobras, controlado por el Estado, un cártel de empresas constructoras y decenas de políticos de todo el espectro político.

Tras numerosas detenciones de alto nivel, la operación Lava Jato recibió elogios por abordar una cultura de impunidad profundamente arraigada entre los ricos y poderosos de Brasil. Sin embargo, revelaciones posteriores sobre la connivencia entre jueces y fiscales alimentaron las acusaciones de que se trataba de una persecución por motivos políticos.

Después de un juicio legalmente contencioso, el propio Lula fue condenado en 2017 por lavado de dinero y corrupción, y pasó casi 600 días en prisión, antes de que el Supremo Tribunal anulara sus casos y restableciera su derecho a presentarse como candidato a la presidencia.

El Presidente repetidamente ha arremetido contra la investigación, calificándola de "la mayor mentira" de la historia de Brasil y afirmando que EEUU había conspirado para socavar a Petrobras.

Toffoli, quien se convirtió en juez en 2009 y es probable que ejerza hasta su jubilación obligatoria en 2042, ha dicho que la connivencia entre jueces y fiscales en la operación Lava Jato impidió que se llevara a cabo un proceso legal adecuado. Una fuente cercana al juez dijo que Toffoli siempre había sido crítico de los excesos de la investigación Lava Jato. A lo que agregó: "Nunca lo ocultó".

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La esposa del juez había representado a J&F en un caso no relacionado y ya no trabaja en nombre de la empresa. La persona dijo que la ley brasileña no exigía que Toffoli se recusara del caso en el que se suspendió la multa de J&F.

Pero los críticos se han centrado en el hecho de que Toffoli tomó sus últimas decisiones solo, sin el respaldo del pleno de 11 miembros del tribunal. Las llamadas decisiones monocráticas son una práctica habitual, aunque controvertida, en el tribunal.

"Un solo magistrado del Supremo Tribunal, solo, sin consultar a nadie, ha decidido anular todos los procedimientos contra Marcelo Odebrecht. ¿De qué sirve tener otros 10 jueces si nadie hace nada al respecto?", dijo Adriana Ventura, una legisladora federal del derechista Partido Nuevo.

Ella destacó la abundancia de "confesiones, grabaciones y otras pruebas" descubiertas durante la investigación Lava Jato.

La reputación del Supremo Tribunal ya es "sorprendentemente baja en la opinión popular", según Rubens Glezer, un profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas. Aunque Toffoli estaba legalmente autorizado a juzgar el caso J&F a pesar de la relación de su esposa con la compañía, Glezer dijo que el asunto reflejaba "una cultura en la que los jueces del Supremo Tribunal no sienten que deban rendir cuentas públicamente".

Una encuesta realizada esta semana por AtlasIntel mostró que seis de cada diez brasileños encuestados estaban en desacuerdo con la decisión de Toffoli de anular los casos de Marcelo Odebrecht, más del doble de los que estaban de acuerdo.

La misma investigación mostró que Toffoli tenía la peor imagen pública de todos los miembros del Supremo Tribunal, con el 52% de los encuestados diciendo que tenían una imagen negativa de él.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), publicado este año, Brasil cayó 10 posiciones para situarse en el puesto 104 entre 180 países. Días después del crítico informe, Toffoli ordenó que se investigara al organismo regulador de la corrupción con sede en Berlín por acusaciones de malversación de recursos públicos durante la investigación de Lava Jato, acusaciones que TI niega.

"Las decisiones de Toffoli generan decepción, cinismo y desdén por la política", dijo Carlos Pereira, un profesor de Ciencias Políticas de la Fundación Getulio Vargas, y la sensación de que "los poderosos siempre se salen con la suya. Esto allana el camino al populismo".