El Salvador se debate entre la lucha contra la delincuencia e impulsar la economía

Por Christine Murray

La mayoría de las 76.000 personas detenidas en El Salvador en el marco de la draconiana represión de las pandillas del país permanecerán en prisión el resto de sus vidas, según ha declarado el candidato a un segundo mandato como vicepresidente.

La pequeña nación centroamericana declaró estado de emergencia hace casi dos años, otorgándoles a las fuerzas de seguridad amplios poderes para arrestar a cualquier sospechoso de pertenecer a las pandillas que han asesinado y extorsionado a multitud de personas durante décadas.

La pena mínima por pertenecer a una pandilla pasó de tres a 20 años en 2022. Pero Félix Ulloa, quien está de licencia de la vicepresidencia y postulándose de nuevo a las elecciones de febrero, le declaró al Financial Times (FT): "Para los acusados de terrorismo las sentencias son acumulativas, por lo que se están viendo sentencias de 200 años, 150 años. La mayoría de ellos estarán allí de por vida", explicó Ulloa.

La guerra contra las pandillas fue encabezada por el presidente autoritario de El Salvador, Nayib Bukele, quien posee un amplio poder sobre el Congreso, sobre el poder judicial y sobre el ejército. La enérgica represión ha contribuido a elevar sus tasas de aprobación a casi el 90%, por lo que las encuestas sugieren que Bukele volverá fácilmente al poder en las elecciones de este domingo.

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La represión dirigida a los criminales ha transformado la vida de los salvadoreños, quienes ahora pueden circular libremente por barrios que antes controlaban las bandas. La tasa de homicidios se ha desplomado de 53 por cada 100.000 habitantes en 2018, una de las más altas del mundo, a una de las más bajas de la región, con 2,4 por cada 100.000 personas el año pasado.

"Los que están cubiertos con la sangre del pueblo no merecen ser liberados; yo estoy de acuerdo con que reciban el máximo peso de la ley por todo lo que han hecho", dijo Josué David, un conductor de autobús de 26 años en las afueras de la capital, San Salvador, que solía pagarles cuotas de extorsión a las pandillas.

Los críticos afirman que el país se está convirtiendo en un Estado policial en el que se puede detener a personas simplemente por tener tatuajes, y en el que las familias hacen cola ante las oficinas del Gobierno desesperadas por obtener información sobre sus seres queridos. Los grupos de derechos humanos han documentado torturas y más de 100 muertes bajo custodia desde que se instauró el estado de emergencia.

Los acusados tienen limitados derechos al debido proceso; no tienen contacto con el exterior; y pueden ser juzgados en juicios masivos con representación limitada, señalaron los críticos.

"Yo no gobierno para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni para Human Rights Watch. Yo gobierno para el pueblo y el pueblo está contento", dijo Ulloa. "Hay que estar ciego o muy ideologizado contra Bukele para no entender que estamos haciendo lo correcto".

Como parte del plan, el Gobierno construyó la que sería la mayor prisión del mundo por población, para 40.000 reclusos. En la actualidad alberga a 12.000 prisioneros que subsisten a base de arroz, frijoles y tortillas.

Ulloa, de 72 años, dijo que los presos podrían llegar a producir sus propios alimentos en tierras propiedad del Gobierno adyacentes a la prisión. "Aunque van a morir en la cárcel, son seres humanos, tienen derechos", afirmó él.

Latinoamérica es la región más violenta del mundo en cuanto a tasas de homicidio, con pandillas y grupos de narcotraficantes que dirigen grandes empresas delictivas, a menudo en complicidad con funcionarios gubernamentales corruptos.

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Las políticas antipandillas de El Salvador se han convertido en un punto de referencia para los políticos de la región que quieren parecer firmes contra la delincuencia. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha propuesto una legislación inspirada en la de Bukele, mientras que los ecuatorianos han acogido con satisfacción la guerra del nuevo Gobierno contra las bandas de narcotraficantes después de que la violencia sacudiera la nación andina.

Pero Ulloa dijo que las condiciones que permitieron instaurar las políticas en El Salvador, como el control por mayoría absoluta en el Congreso, eran únicas. "No se puede exportar el modelo Bukele", afirmó él.

Ahora que la seguridad ha mejorado mucho, la principal preocupación de los votantes es la economía. La inversión extranjera directa (IED) es débil y una comisión económica regional de la ONU prevé que el producto interno bruto (PIB) crezca sólo un 1,8% este año, muy por debajo del de sus vecinos, Guatemala y Honduras. Los niveles de deuda se han disparado bajo el mandato de Bukele, y los inversionistas exigirían una prima considerable sobre los bonos del Tesoro estadounidense para obtener más préstamos.

La estrategia de convertir el bitcoin en moneda de curso legal en 2021 no ha producido beneficios significativos para la población, la cual apenas lo utiliza, y en cambio se ha convertido en un obstáculo para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). La junta directiva del Fondo dijo el año pasado que a los criptoactivos no se les debería conceder el estatus de moneda de curso legal para impulsar la estabilidad financiera de un país.

Ulloa dijo que un acuerdo con el FMI era importante y que el Gobierno estaba dispuesto a firmarlo, pero subrayó que el bitcoin aportaría beneficios a largo plazo a medida que los consumidores se pasaran a las monedas digitales.

"El mundo se está digitalizando", él afirmó. "Lo que ahora es un problema, dentro de 10 o 15 años será una gran ventaja".