Organismo de libre competencia da luz verde a venta de activos de Iberdrola en México, pero con condiciones
Lo que busca el Cofece con esta autorización es garantizar así la competencia en el mercado de la energía eléctrica.
Finalmente la española Iberdrola podrá vender sus 13 plantas eléctricas en México. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio luz verde al proceso, aunque con condiciones. El fin de la aprobación de esta desinversión es garantizar la competencia en el mercado de la energía eléctrica.
La compañía española alcanzó en mayo de 2023 un acuerdo vinculante con el fondo de México Infraestructure, donde se comprometía a vender el portafolio de sus plantas de generación y un parque eólico terrestre adicional, por US$ 6 mil millones.
Iberdrola Energía Escobedo, Energías Renovables Venta III e Iberdrola Energía Monterrey se escindieron para aportar sus activos, pasivos y capital contable a las empresas de nueva creación Soporte de Generación Eficiente, Green Park Energy y Encon Monterrey
Estas tres sociedades son las que ahora pasarán a manos del fideicomiso de Banco Actinver (administrado por Mexico Infraestructure Partners) que ejecutará la operación de compra efectiva
Las condiciones que AMLO amenazó con eliminar
Las plantas de generación deben operar de manera autónoma e independiente en el mercado, por lo que no formarán parte de la red de la Comisión Federal de Electricidad, según detalló el organismo de libre competencia. Por ende, se deben establecer controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación a actuar con independencia y sin conflicto de interés.
El Fondo Nacional de Infraestructura deberá reducir su participación como accionista de dichas plantas y mantenerla en un máximo de 51%, lo que debe concretarse en un plazo de 24 meses.
Los compradores deben evitar intercambios de información sensible o estratégica entre competidores, por lo que la Cofece les obliga a designar un oficial de cumplimiento totalmente independiente a las partes que verifique y garantice esta situación.
Los directivos y personas encargadas de la operación deberán abstenerse de tener cargos en algún otro competidor, y no podrán ser designados aquellos que fueron servidores públicos en los últimos cuatro años.
Estas condiciones tendrán una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas por el organismo, en caso de no cumplirse, los compradores serán sancionados. Además, deberán aceptar de forma expresa e incondicional lo establecido para poder cerrar la operación.
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