Las señales que EEUU envía a las empresas como parte de la lucha contra la corrupción

Los escándalos de corrupción en América Latina no son nuevos. Desde la operación Lava Jato en Brasil, pasando por los Pandora Papers y las investigaciones por lavado de dinero o narcotráfico en Argentina, México y Venezuela, por solo citar algunos, han empañado por décadas la política regional.

Se han visto involucrados jefes de Estado, senadores, candidatos presidenciales, familiares de las figuras públicas, y en ocasiones, también empresas.

Tal es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que se destapó en 2011 y que luego abrió la caja de Pandora en Estados Unidos, desencadenando un efecto dominó en Latinoamérica.

Ahora, 11 años después, el Departamento de Estado de EEUU pone la lupa -bajo la sección 7031 (c)- en el expresidente paraguayo, Horacio Cartes, a quien designó “por su participación en importantes actos de corrupción”, considerando su rol como funcionario público, pero también como propietario de decenas de empresas, incluidas firmas de medios, tabacaleras y una cadena de supermercados.

Ello llevó, hasta el momento, a una suspensión de visas para él y sus tres hijos mayores de edad. Sin embargo, apuntan expertos, pudiera derivar en embargo o congelación de activos entre otras acciones.

Política de Washington

Esta acción forma parte de una “reactivación”, a juicio de fuentes consultadas, del gobierno de Joe Biden por combatir la corrupción.

En la reciente Cumbre de las Américas -que volvió a ser en EEUU después de años-, la vicepresidenta Kamala Harris centró sus discursos en la migración en Centroamérica y en la corrupción. “Fue un tema prioritario; el cómo EEUU está comprometido con la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, sobre todo por el contexto político de la región”, contó a DFSUD Susana Sierra, CEO de BH Compliance.

Y agregó que es un tema que “está tomando mucha importancia con este gobierno, muy enfocado en el rol de las empresas”, por medio de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, su sigla en inglés).

Esa normativa apunta a que “cualquier empresa que tenga alguna relación con EEUU es sujeta a investigación” si hay indicios de participación en este tipo de delitos.

Ahora, la duda está en qué pudiera venir como consecuencia de esta designación y su alcance.

El abogado Rafael Zahralddin-Aravena, socio de Lewis Brisbois, experto en compliance internacional, reorganizaciones, negocios y litigios comerciales, entre otras áreas, señaló que “este podría ser el primer paso, que podría abrir el escrutinio internacional y conducir a una aplicación contagiosa”.

En ese sentido, dijo, otros países pudieran seguir los pasos de Washington porque “debe haber una razón detrás de estas acciones”.

Lo que sí no queda claro aún, apuntaron ambos expertos, es si esta decisión contra Cartes es producto de una investigación en curso o si es parte de un todo concertado que involucra múltiples cumplimientos y jurisdicciones.

Los negocios de Horacio Cartes, el político y empresario paraguayo que EEUU puso en la mira

El rol de las empresas

Si bien hasta el momento no hay vínculo alguno de la designación de Cartes con los negocios con sus socios –entre ellos el chileno grupo Luksic-, el estar relacionados a nivel empresarial ejerce presión.

“Esto es más un tema de reputación, de credibilidad, que genera tensiones negativas”, detalló Zahralddin.

Con él coincidió Sierra: “Esta ley de prácticas corruptas en el extranjero se puede demorar años en llegar a una conclusión, pero el tema reputacional afecta en el momento”.

Por ello, ambos destacaron el hecho de que Andrónico Luksic se trasladara el fin de semana, en un viaje relámpago a Paraguay, para conocer de primera mano los señalamientos. “Están haciendo su debida diligencia”, apuntó la ejecutiva.

Con esto se refiere a realizar, como es recomendado, su propio análisis de riesgo, ver los principales puntos de contacto, que existan controles y procedimientos, entre otros puntos importantes para definir las “medidas pertinentes” a las que aludió Rodrigo Hinzpeter, fiscal de Quiñenco, director de Enex y CCU, en una declaración a DFSUD el domingo.

A juicio del abogado, en estos casos no hay que “distanciarse demasiado rápido y perder el potencial para descubrir qué sucedió realmente”.
La apuesta de EEUU, consideró, forma parte de un cambio en que “el sector privado también asuma la misma responsabilidad para combatir la corrupción; que no depende solo de los gobiernos o las ONGs”.
“Es parte de un nuevo ataque contra la corrupción, utilizando las consideraciones del gobierno ambiental, social y corporativo (ESG) de las compañías”, agregó.