A 12 años de su quiebra, Blockbuster tendrá el peor final para sus acreedores en Argentina

La llegada de Blockbuster a Argentina -en 1995, apenas 10 años después de su nacimiento en Estados Unidos- fue un estreno de alfombra roja. Otro sello en el pasaporte de un país que había volado hacia el Primer Mundo.

Decenas, cientos, miles de videoclubes de barrio sucumbieron ante cada local que abrió -llegaron a ser 86 en el año 2000-, reconvirtiendo las costumbres de legiones de personas que hicieron de cada visita a alguna de sus megatiendas un auténtico ritual para llevar el cine a casa... Y, 24 o 48 horas después, también salir corriendo a depositar el DVD en un buzón para devolverlo.

Pero, en poco más de una década, la película pasó a ser de terror. A los cuatro años de recesión que detonaron en 2001, les siguió un negocio cada vez más difícil, con ingresos en pesos ya no convertibles uno a uno y costos -en particular, licencias- dolarizados. Luego, no pudo contra la explosión del cable y la televisión satelital.

Más tarde, la asoló la piratería, abordada por corsarios como Ed Sullivan y sus esclavos camboyanos. La aparición de Netflix, y el inicio de la era del streaming, fue la estocada letal.

Quebrada en el país desde 2010, parecía que la historia de Blockbuster en Argentina era un film de blanco y negro. En estos días, no obstante, tiene una secuela. O, al menos, una escena poscréditos. No sería un final feliz, sino el peor. En especial, para sus acreedores. Javier Cosentino, titular del Juzgado Comercial 8, Secretaría 16, ordenó hacer la "distribución final" de la quiebra. Es decir, cómo deberá repartirse el dinero con el que terminará de pagar deudas con sus más pacientes acreedores. Spoiler alert: los fondos no alcanzarán a cubrir todo lo que quedó debiendo la empresa.

Blockbuster Argentina, de la que también dependía su filial de Uruguay, se declaró en quiebra el 10 de diciembre de 2010. Reportó pasivos por 26 millones de pesos argentinos -unos US$ 6,5 millones al cambio de la época- y activos de 17 millones (US$ 4,25 millones). En ese momento, tenía 24 sucursales -todas ya cerradas, con meses de alquileres impagos- y 300 empleados, que no cobraban sus sueldos desde octubre y, con los antecedentes frescos de las AFJP, los ferrocarriles metropolitanos y Aerolíneas Argentinas, reclamaban que el Estado se hiciera cargo de la empresa.

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