Regulador peruano sanciona el primer caso de cártel de contratación en el sector construcción

Esta semana se conoció que seis empresas del sector construcción en Perú y cuatro de sus ejecutivos recibieron sanciones y penalidades por un total de 5,77 millones de soles (unos US$ 1,56 millones), por parte de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi, que emitió el primer pronunciamiento sobre prácticas anticompetitivas entre empresas en el mercado laboral. 

De acuerdo con un comunicado, los involucrados acordaron un pacto de no agresión, para no contactar ni contratar al personal que mantenía algún vínculo laboral con ese grupo de empresas, incluso, extendiéndolo a extrabajadores.

Las empresas involucradas en este cártel de reparto de trabajadores son JJC Contratistas Generales S.A. (JJC); Mota-Engil Perú (Mota-Engil); Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Iccgsa); Cumbra Perú (antes, GyM); Unna Transporte (antes Concar) y Cosapi (Cosapi), así como cuatro gerentes de las áreas de recursos humanos de dichas empresas.

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El acuerdo

La práctica fue ejecutada por el personal encargado de reclutamiento y selección de las áreas de recursos humanos, entre los años 2011 a 2017. Para implementar el acuerdo de no contratación de trabajadores, las compañías realizaban consultas sobre la disponibilidad de los trabajadores; solicitaban el bloqueo para la contratación de trabajadores a firmas participantes del acuerdo, y reclamaban ante posibles contrataciones contrarias al acuerdo. 

La Comisión sostuvo que este pacto de no agresión afectaba la movilidad laboral del personal calificado como empleado o profesional, quienes vieron limitadas sus opciones para cambiar de empleador de forma libre y acceder a mejores condiciones salariales, verificándose situaciones en las que la contratación de un profesional dependía exclusivamente de la decisión del empleador o exempleador.  

El personal afectado pertenecía a las áreas de obras de construcción y personal administrativo de las sedes centrales y oficinas de las empresas investigadas.